por parte del Ministerio de Educación Pública, que les abrió un proceso disciplinario, a pesar de presentar el comprobante de asistencia al Congreso Nacional”.

A esta represión administrativa, planeada desde la Casa Presidencial, se une la Ley Mordaza, que afecta la libertad de expresión de todo ciudadano.

La dirigente agregó: “No le bastó con la violación del derecho sindical y de libertad de expresión, sino que, para rematar,  la presidenta Chinchilla emite la orden al Ministerio de Seguridad para que la Policía arremeta, brutalmente, contra los ciudadanos que no tienen otra arma para ser escuchados que la de manifestarse en las calles”, indicó.

Acusó al Gobierno de irrespetar una sentencia de la Sala Constitucional, la cual deja claramente establecido que para “garantizar la libertad de tránsito de las personas deberá organizar salidas alternas, levantando obstáculos en las vías, pero jamás dispersando mediante maltratos físicos y detenciones ilegítimas al grupo de personas que se encuentren manifestando su opinión en forma pacífica”.

La dirigente Ferreto López mostró su indignación porque, de acuerdo con un comunicado de prensa sobre la actuación de la Fuerza Pública en contra los manifestantes, la presidenta Chinchilla dio a entender que los policías son “personas de bien”, y los ciudadanos que protestan en las calles son “criminales”.