Agregó que “es éste un debate que alcanza de manera particular a la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero que, sin embargo, nos incumbe a todos. Especialmente, por la forma en que Costa Rica logre resolver este conflicto entre dos poderes del la República”.

La Presidenta de la República hace un llamado para que se identifiquen los instrumentos institucionales que prevé nuestra Constitución Política y demás marco legal a efectos de encontrar la salida al impasse en que está sumida la discusión entre los otros dos poderes de la República.

“Esa salida institucional debe plantearse a la brevedad posible. Esto para no dar pie a quienes de manera irresponsable, aprovechan cualquier crisis institucional para acudir al llamado de rompimiento del orden constitucional”, manifestó la Presidenta.

El Gobierno repudia las declaraciones emitidas en este último sentido y hace un llamado a la calma y a la sensatez. La Presidenta aseguró que: “nuestro país tiene el suficiente andamiaje institucional como para garantizar una salida a esta situación en consonancia con los principios del Estado de Derecho.  Debemos ser capaces de demostrarle una vez más al mundo que sí podemos dialogar y que nuestra democracia está por encima de disputas entre poderes, gremios e intereses corporativos”.

“El Poder Ejecutivo ha sido celoso de la independencia de Poderes y las actuaciones de mi gobierno han sido un claro ejemplo de consecuencia con este principio. Así, hasta ahora, hemos respetado y acatado todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial, aún cuando, hayan afectado políticas promovidas por nuestro gobierno”, manifestó la Mandataria.

Asimismo, cuando ha estado amenazado el financiamiento al Poder Judicial, como ocurrió hace un año cuando algunos diputados de oposición quisieron cercenar una porción importante de los recursos para la administración de justicia, el gobierno salió en defensa del Poder Judicial y del riesgo que supone usar el presupuesto como mecanismo para disminuir la independencia judicial.

La Presidenta Chinchilla aseguró que “ningún magistrado o magistrada del Poder Judicial podría citar un solo ejemplo de indebida intromisión de nuestro Gobierno en la forma en que los jueces de la República han debido resolver por el fondo temas sensibles para la administración”.

“Igualmente, nuestro gobierno ha respetado la majestad del Primer Poder de la República. Tal y como lo prevé nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, hemos procurado coordinar de manera permanente con las distintas bancadas legislativas, y en esto, el Ministro de la Presidencia ha jugado un papel fundamental. Nunca hemos amenazado o extorsionado a diputados y diputadas para obtener un resultado legislativo favorable a las políticas que impulsa el Poder Ejecutivo. Siempre hemos procurado la negociación”, dijo la Mandataria.

De acuerdo con la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, “algunas veces esa negociación ha favorecido iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno y en otras ocasiones no. En las ocasiones en que se ha aprobado legislación que no comparte el Poder Ejecutivo, hemos recurrido a la potestad constitucional del veto, como corresponde”.

En materia de nombramientos, el Poder Ejecutivo no tiene recursos a su haber para revisar las decisiones tomadas por el Poder Legislativo. Por ello, llama la atención las manifestaciones del Presidente del Poder Judicial, sugiriendo que el Gobierno intervenga en la definición que los diputados puedan tomar en relación con la discusión sobre el nombramiento del magistrado Cruz. El Gobierno reitera su convicción en la independencia de los tres poderes de la República.

“En este contexto, adquiere especial relevancia el abordar con seriedad la reforma político-institucional del Estado costarricense, según se advirtió en nuestra rendición de cuentas del 1 de mayo pasado. Por eso también el país deberá ver con seriedad y atención las recomendaciones que próximamente entregarán los expertos. La única salida confiable y permanente a los conflictos que hemos presenciado es una reforma estructural a nuestro régimen institucional”, concluyó la Presidenta.