la moneda. Considerar la reforma tributaria, es decir la parte más importante de los ingresos del gobierno, independientemente de los gastos del mismo, es como tratar de separar una cara de la moneda de la otra.

Lo anterior tiene que ver con la eficiencia de la fiscalidad en términos del desarrollo.  Se puede tener una reforma tributaria que responda a criterios de equidad en cuanto a las cargas impositivas entre los diferentes sectores, pero si el gasto público es inequitativo los efectos de la reforma tributaria, en términos de equidad y desarrollo, se anulan. Peor si no hay equidad ni en la tributación ni en el gasto.

Es el caso del gasto en educación básica, que está universalmente probado es el más importante para que la gente salga de la pobreza y para impulsar el desarrollo, y que en el gobierno de Ortega ha venido descendiendo como proporción del PIB. O el caso del gasto en mantenimiento de los caminos de producción, que tanto ayudarían a elevar la productividad  de miles y miles de productores y, a la vez, beneficiaría a todos los consumidores con acceso a más productos a menor precio. O el gasto en asistencia técnica, a propósito que recién se ha hecho público que cuatro de cada cinco productores no reciben asistencia técnica.  Todos esos son, en verdad, más que gastos, inversiones de amplia base social, y por tanto palancas para el desarrollo del país.

A propósito de la equidad fiscal, es decir, tanto en los ingresos como en el gasto, quisiera recordar un reciente ejemplo de éxito. Como se sabe, durante el gobierno de Lula en Brasil, más de 28 millones de personas salieron de la pobreza. Y Brasil creció como no lo había hecho en mucho tiempo, y de país deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó a ser acreedor del mismo. Cuanto en 2011, Lula, ya expresidente, visitó Colombia y explicó sus exitosas políticas, que por cierto algunas provenían del gobierno anterior, dijo una frase sacramental que las resumía y enseña mucho: “Los ricos también se benefician cuando los pobres dejan de serlo”.

Lula se refería a muchas políticas que tuvieron ese resultado, entre ellas el incremento de salarios reales y un aumento de siete veces en el consumo, en especial de los sectores populares, lo que significó una expansión de la demanda y por tanto de las oportunidades de inversión de las empresas. Todos ganaron, empresarios, trabajadores y consumidores.

Como muchas veces a título de “eficiencia económica” se intenta negar los argumentos a favor de la equidad fiscal, se debería pensar dos veces en los numerosos ejemplos en los cuales se ha conciliado mercado y equidad, y recordar esa frase sacramental de Lula: “Los ricos también se benefician cuando los pobres dejan de serlo”.

Ética, eficiencia y equidad

Otra ausencia en el debate tributario actual es la corrupción. Pretender discutir la tributación, y la fiscalidad en general, únicamente desde el punto de vista técnico, e incluso asumiendo que haya en la discusión y consideración de las reformas criterios de equidad, al margen de la honestidad en la gestión pública, es también tan inútil como tratar de separar una cara de la moneda de la otra.

Podemos tener el mejor diseño fiscal en términos de eficiencia y equidad, pero si a cargo de la gestión de los ingresos están personas y procedimientos como los que desembocaron en el escándalo  -que ha quedado impune-  de la Dirección General de Ingresos (DGI), y la salida de su Director, ¿qué se habrá ganado en términos de eficiencia y equidad? Nada. O si la Contraloría sigue autorizando contrataciones directas a manos llenas.

La corrupción redistribuye ingresos a favor de unos pocos, en detrimento de muchos, erosionando toda pretensión de equidad. Pero además pone los incentivos en la especulación,  el amiguismo y la compinchería, en detrimento de la mejor asignación de los recursos, y por tanto de la eficiencia económica.

En la lógica del poder autoritario y corrupto del gobierno de Ortega, a corto plazo los incentivos derivados de la corrupción operarán en la dirección de que los contribuyentes y las empresas busquen como favores políticos lo que les corresponde como derechos, pero a mediano y largo plazo eso es como echar leña en una hoguera en la cual es todo el país el que terminará quemado.

Pretender separar la eficiencia económica de la ética puede dar réditos a algunos  a costa de muchos, pero no es sostenible.

Nueva Guinea y Amanda Pineda

Como no es sostenible un gobierno en base a la represión. Tengo en mente lo que ha ocurrido recientemente en Nueva Guinea, con ciudadanos reprimidos y mujeres abusadas sexualmente.

En 1974, una campesina de Matagalpa, Amada Pineda, tuvo el coraje de venir dónde Pedro Joaquín Chamorro, en La Prensa, y denunciar que había sido violada por un sargento de la Guardia Nacional. Y Pedro Joaquín, como La Prensa ahora, tuvo también el coraje de publicarlo.

El gobierno de entonces, que solamente cinco años después caería, optó por intentar tapar el escándalo, y Pedro Joaquín terminó enjuiciado por injurias y calumnias. Entonces hubo un juez, Guillermo Vargas Sandino, quien en los años noventa llegaría a ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo el valor y la independencia para absolver a Pedro Joaquín. Éste escribió un editorial de reconocimiento, simplemente titulado “El Juez”.

Un Comisionado de la Policía, con alta responsabilidad en la misma, ha dicho que el caso de Nueva Guinea está siendo investigado. Ojalá que al final de la investigación, podamos escribir un editorial, simplemente titulado “El Comisionado”.