RACSA no estaba preparada para la 'Apertura Comercial'

San José, 6 de diciembre de 2012.-  Altos mandos de Radiográfica Costarricense (RACSA) afirmaron que la institución no estaba preparada para hacerle frente a la apertura comercial y por eso perdieron más de 90 mil clientes en dos años y estuvieron a punto de la quiebra.

Hernán Acuña Sanabria, quien ocupa el puesto de Presidente desde hace apenas tres meses y Orlando Cascante Moraga, quien lleva menos de un año en calidad de Gerente de la empresa indicaron que fue necesario implementar cambios radicales para evitar el cierre definitivo.

Acuña y Cascante fueron recibidos esta tarde en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se tramita el expediente 18648 que es una Investigación para que expongan y analicen los Estados Financieros de RACSA.

Aparte de la poca preparación para hacerle frente a los cambios Acuña también señaló, como parte de los problemas que pusieron a RACSA en “caída libre” a partir del año 2010, el pago de nuevos cánones que les han costado más de 1618 millones de colones y la falta de productos alternativos que ofrecer.

Por su parte, el Gerente Cascante Moraga indicó que fueron las decisiones tomadas en el último año las que permitieron que RACSA pudiera reenfocar sus labores y reducir de manera considerable las pérdidas.

Dijo que en la actualidad los operadores están migrando a una serie de cambios, por lo que ya no es suficiente dar solo conectividad sino que se requiere agregar software, infraestructura, plataformas, virtualización, comunicaciones “y una serie de insumos que están cambiando la dinámica de todos los operadores”, afirmó.

Audio de Orlando Cascante gerente de Radiográfica Costarricense, RACSA.

De acuerdo con Cascante, aunque terminarán el año con un déficit que ronda entre los 12 y 13 millones de dólares, para el 2013 tienen una serie de contratos que permitirán que la empresa salga a flote.

En este campo puntualizó compromisos firmados con la Caja Costarricense de Seguro social (CCSS) por $30 millones; con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por $18 millones;  así como con otras dependencias gubernamentales como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Registro Público y un banco estatal.