$415,000, un poco menos del 10 por ciento de los 5 millones que habían solicitado los demandantes. “El fallo de la Corte será acatado en todos sus extremos”, afirmó el jueves el ministro de Comunicación del gobierno, Francisco Chacón, pero advirtió que regular y poner en práctica la fecundación in vitro no será un hecho inmediato debido a motivos técnicos y legales.

Los jueces solicitaron al país no sólo legalizar esta técnica e indemnizar a los demandantes sino también garantizar que el procedimiento médico sea gratuito en el seguro social, para que puedan acceder a él las personas de bajos recursos.

“La institución no está preparada en este momento para asumir una situación de este tipo y necesitamos tiempo para la compra del equipo requerido y para capacitar a los funcionarios”, afirmó en un comunicado de prensa la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ileana Balmaceda.

Para la parte legal el gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reglamentar el acceso a fecundación in vitro. Fue en esa misma instancia legislativa donde varios intentos de legalizar la técnica fracasaron antes de que el caso se elevara al sistema de justicia interamericano.

Los hechos que generaron la demanda y posterior juicio se remontan al año 2000 cuando la Sala Constitucional declaró ilegal a la fecundación in vitro basándose en el argumento de la inviolabilidad de la vida desde la concepción, que fue desechado por los jueces durante el proceso. El caso arribó a la Corte Interamericana en el 2010 luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerara que sí hubo violación de derechos humanos.

“Es una resolución tardía pero da un momento de alegría a muchas familias. Cuando la Sala Constitucional falló no tomó en cuenta a muchas familias, el Estado debe tomar la opinión y considerar la situación de las familias”, afirmó Enrique Acuña, uno de los demandantes, al diario La Nación.