las armas con las que Adam Lanza perpetró la matanza. Pero a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) –y al complejo militar-industrial que produce un armamento cada vez más avanzado– poco y nada les importa el transcurso de más de dos siglos y el cambio radical de situación consiguiente. Son “constitucionalistas” cuando de armas se trata.

Hubo ya matanzas masivas de civiles con armas de fuego en EE.UU. durante la década pasada y aun ésta. La mitad, las doce más mortíferas, tuvieron lugar desde el 2007. En realidad, la cifra queda chica si se la compara con la lista de 62 páginas de tales masacres que desde 2005, con mayor o menor número de víctimas, viene registrando la Campaña Brady para prevenir la violencia armada (www.bradycampaign.org, diciembre de 2012). Es mucha sangre y se debe en buena medida al poderío de la NRA y a su enjundioso cabildeo en apoyo de candidatos al Congreso que apoyan su objetivo central: respeto a la Segunda Enmienda.

Un estudio del Centro de Políticas Responsables revela que, desde 1990, la NRA ha contribuido con 29,2 millones de dólares a las campañas de candidatos al Congreso y a la Casa Blanca. Un 87 por ciento de esa cifra fue para republicanos. En el ciclo electoral más reciente, el pool pro-armas donó 3,1 millones de dólares a tales candidatos y gastó 5,5 millones en cabildeo (www.alternet.org, 15/12/12). En el 2011 y hasta agosto del 2012, el NRA financió el 60 por ciento del gasto en cabildear de ese pool, también integrado por propietarios de armas de fuego de EE.UU. y otros grupos (www.opensecrets.org, diciembre de 2012).

Atribuir a la NRA responsabilidad por la tragedia de Newtown es obligado, pero cabe preguntarse qué han hecho o hacen los tres poderes estadounidenses al respecto. El presidente Obama prometió cambios en la materia, pero no precisó cuáles. No pocos de sus antecesores en el cargo anunciaron lo mismo al producirse matanzas similares, pero Bill Clinton fue el único que impuso algunas restricciones a la venta de armas de fuego a los civiles: esas normas prescribieron hace casi un decenio. Sólo ahora algunos demócratas bregan para que se establezcan controles.

La opinión pública estadounidense se muestra dividida sobre el tema. Una encuesta de ABC News/Washington Post que se llevó a cabo del 14 al 16 de diciembre revela que un 54 por ciento de los interrogados demanda leyes más estrictas relativas al control de armas, mientras un 43 por ciento se opone (www.pollingreport.com, 16/12/12). Otro sondeo de Reuters/Ipsos indica, sin embargo, que la proporción de quienes se pronuncian por la promulgación de leyes que obliguen a una estricta revisión de antecedentes del comprador se elevó al 84 por ciento (www.dailypress.com, 17/12/12), algo menos abarcador en lo que hace a las medidas posibles: permitiría que continúe la venta de armas largas.

El Pew Research Center de Washington indagó algo de fondo: preguntó a 746 adultos si la matanza de Newtown fue el mero acto de un individuo perturbado o reflejaba la existencia de problemas más vastos en la sociedad estadounidense. Las opiniones, nuevamente, resultaron divididas: un 44 por ciento se pronunció por lo primero y un 47 por ciento por lo último (www.people-press.org, 17/12/12).

El lunes pasado, apenas a tres días de la tragedia de Newtown, la policía de Cedar Lake, Indiana, detuvo a Von. I. Mayer, un señor que había amenazado con “matar a todos los que pudiera” de una escuela vecina. Encontraron 47 armas de fuego y las municiones correspondientes escondidas en su casa (www.salon.com, 16/12/12). Vaya.