"Para la ONU es alentador que el proceso de debate y adopción de esta ley en el Congreso haya sido reivindicado entre los primeros compromisos públicos del nuevo Gobierno y en el 'Pacto por México' asumido por las principales fuerzas políticas", ha añadido.

Hernández Valencia ha recordado que la organización internacional "se unió a este esfuerzo documentando casos y aportando recursos para la adopción de políticas y medidas efectivas de prevención, protección, combate a la impunidad y reparación a las víctimas".

A este respecto, ha reiterado "la plena disposición de la ONU a seguir acompañando a las víctimas y a brindar su asesoramiento técnico a las autoridades mexicanas en el proceso de implementación de la norma jurídica".

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ya subrayó la importancia de este proyecto de ley durante su visita de 2011 a México, después de haberse reunido con las víctimas y sus familiares.

Otros organismos internacionales de Derechos Humanos "también habían recomendado a las autoridades mexicanas que reconociera y reparar a las víctimas a través de medidas apropiadas, incluyendo las de carácter legislativo", ha recordado.

La Ley

La norma jurídica contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objetivo será consensuar las políticas necesarias de atención a los afectados por la violencia, así como los mecanismos de prevención en el ámbito de todas las instituciones.

Este sistema comenzará a trabajar a los tres meses de promulgarse la ley y un mes después se integrará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para dar voz a las personas que han sufrido actos de violencia y ataques a sus derechos fundamentales por parte de individuos o funcionarios públicos.

El organismo deberá supervisar a todas las administraciones para que apliquen las medidas que se aprueban en dicho ente, que serán debatidas por expertos --con un mínimo de cinco años de experiencia en atención a las víctimas-- propuestos por universidades, ONG, grupos políticos y demás asociaciones.

Ademñas, las organizaciones locales tendrán que modernizar su normativa para adecuarse a la nueva ley en los siguientes 180 días tras su promulgación para adecuarse a las directrices del nuevo organismo de protección de víctimas.

En los seis años de Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) al menos 70.000 personas han muerto a causa de la violencia en México, principalmente, debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado y entre grupos rivales.