orgullosos, que, aunque pequeña en sus dimensiones, ha sido capaz de alcanzar grandes metas.

Costa Rica es considerada una de las más sólidas democracias del mundo, con uno de los mayores niveles de respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Costa Rica, ha ostentado altos niveles de desarrollo humano, comparables a los de las naciones más desarrolladas del planeta. Costa Rica es también un ejemplo de respeto al medio ambiente y una de las cinco naciones más verdes del mundo. Costa Rica, posee una economía dinámica y abierta que ha logrado ponerse a la cabeza en materia de atracción de inversión, y en donde las exportaciones de tecnología como porcentaje de las exportaciones de productos industriales nos ponen a la cabeza de América Latina y entre los primeros a nivel mundial.

Sin embargo, en medio de esos extraordinarios avances, muchos costarricenses han venido mostrando escepticismo o frustración con el estado de la nación. En particular, con el desempeño de nuestra política y con el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas que se muestran cada vez menos capaces de responder con oportunidad a las demandas ciudadanas o de enfrentar los acuciantes retos que aún tenemos pendientes en nuestra agenda de desarrollo.

El impulso a lo largo de muchos años de reformas a nuestro marco institucional, de manera ocurrente e inconexa, degeneraron en un Estado esclerótico y atrofiado. Es así cómo, con independencia de las capacidades políticas, intelectuales o morales de los gobernantes, las instituciones públicas vienen mostrando serias limitaciones para cumplir con sus mandatos legales y constitucionales y no logran concretar la voluntad política de quienes son elegidos en las urnas electorales.

A esos problemas de diseño institucional se unen otros factores que los agravan aún más, como el fraccionamiento y calidad de nuestra representación política, o la capacidad de veto minorías, que termina por imponerse a la voluntad de las mayorías democráticamente electas.

Estas circunstancias se conjugan para que, en vez de potenciar la iniciativa y el vigor de nuestro pueblo, a menudo lo frenemos; para que, en vez de avanzar con agilidad, nos paralice la eterna manipulación de los procesos; para que cada vez más se recurra a las vías de hecho en detrimento de nuestro Estado de Derecho.
 
Como corolario, la ciudadanía está optando por alejarse de la política; por apartarse de la vida pública y hasta ha llegado a dudar de la democracia y de las intenciones de sus representantes. Una encuesta nacional recientemente publicada, indicaba que el 40% de los encuestados creía que la democracia no sirve para resolver los problemas del país y aprobaban, en altas proporciones el que se gobernara “dejando de lado la Asamblea Legislativa” o que “se tomaran decisiones por encima de ciertas leyes”.

Resulta pues, indudable, que la situación actual de nuestra institucionalidad se hace insostenible. Ante esta realidad, reconocida y compartida cada vez por más personas, solicité que hiciésemos un alto en el camino y que abriésemos las compuertas al debate responsable y, sobre todo, a la búsqueda de soluciones.

Con el objetivo de avanzar en esa dirección, decidimos convocar a un ilustre grupo de ciudadanos para que, en un plazo de tiempo relativamente breve, nos presentaran una propuesta que nos permitiera sustentar acciones concretas para avanzar hacia mayores niveles de funcionalidad y calidad de nuestra democracia.

La conformación de este grupo la anunciamos en el mes de junio del año anterior. Sus integrantes, nutridos en diversas corrientes de pensamiento, son personas de sólidos atestados intelectuales y con un profundo conocimiento sobre nuestro Estado, nuestro sistema político y nuestra constitución. Pero sobre todo, son ellos ciudadanos con un alto sentido de la responsabilidad cívica, que a lo largo de seis meses y sin ningún tipo de retribución económica, dedicaron muchas horas a discutir y a proponer las recomendaciones que hoy el país se apresta a conocer.  

A don Francisco Antonio Pacheco, don Vladimir de la Cruz, don Constantino Urcuyo, don Rodolfo Piza, don Manrique Jiménez  y don Fabián Volio, deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por por el documento que hoy nos entregan. El mismo, es el resultado de muchas horas de consultas y entrevistas con diversas personas del ámbito nacional, y de intensas y profundas deliberaciones entre los integrantes de la comisión.  Algunas de sus recomendaciones serán ampliamente compartidas, otras ampliamente rechazadas; algunos opinarán que excedieron el mandato, otros que se quedaron cortos. Sin embargo, más allá del debate que alrededor de las mismas se vaya a generar, no me cabe la menor duda de la rigurosidad y de la honestidad intelectual detrás de cada una de estas recomendaciones.

Es importante destacar, que muchas de las propuestas que otros grupos de nuestra sociedad han formulado sobre los temas de gobernabilidad e institucionalidad democrática, se ven reflejadas en el documento que se nos entrega.  Es éste el caso de temas como el reglamento de la Asamblea Legislativa, las reformas a la ley de la jurisdicción constitucional, y el fortalecimiento de los aspectos de eficiencia y transparencia en la administración.  

A nuestro criterio, hemos superado, en lo esencial,  la fase de las propuestas, a partir de ahora, nos corresponde actuar para procurar que las mismas se concreten. Para ello, el Gobierno de la República promoverá las siguientes acciones:


Costarricenses:

Los políticos y los gobernantes de este país tenemos altas cuotas de responsabilidad por la calidad de nuestra democracia y debemos estar dispuestos a asumirlas. Nuestro gobierno lo está haciendo. Estamos dando un paso trascendental,  propiciando las medidas y los caminos institucionales para la reforma de nuestro marco institucional.  Esperamos que los representantes de otros órganos del Estado, nos acompañen en este esfuerzo.

No faltará quienes indiquen que no es éste el momento para emprender la tarea, y las razones para justificar esta afirmación serán diversas.  El momento, sin embargo, puede ser el mejor. El país se apresta a una nueva jornada electoral, en el que se aviva el debate público y se renuevan las expectativas por los resultados en las urnas. Es un momento en que no hay triunfadores ni vencidos. En este contexto, la perspectiva más amplia sobre el futuro de nuestra democracia puede imponerse a los cálculos cortoplacistas de quienes hoy ocupamos diversas posiciones. El Gobierno, además, en aras de despejar cualquier suspicacia o cálculo malicioso que entorpezca el debate maduro y ponderado que requerimos, se compromete a que las reformas que se impulsen, entrarán en vigencia a partir de mayo del 2014.  

Pero, a parte de gobernantes y políticos,  también hay otros actores importantes a quienes les alcanza la responsabilidad por el futuro de nuestra institucionalidad. Me refiero a los líderes académicos, gremiales, empresariales, profesionales y comunales. También, a quienes inciden diariamente en definir y orientar la discusión pública, como los periodistas y formadores de opinión. Finalmente, me refiero a quienes con sus acciones u omisiones, inciden todos los días en el rumbo de nuestra democracia: las y los ciudadanos de este país.  

A nadie le debe resultar ajena la discusión sobre el futuro de nuestra democracia. Por ello, me permito terminar con un llamado a que todas y todos asumamos este debate con una actitud seria, reflexiva, y constructiva. Para que lo hagamos en nombre de esa espíritu cívico que ha sido ejemplar en nuestro desarrollo como nación. Para que lo hagamos en nombre de las jóvenes generaciones, que merecen un futuro pletórico de esperanza y certidumbres. Pero, sobre todo, para que lo hagamos ya!

Muchas gracias!