categoría de crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional. “Estos crímenes corresponden de lleno a las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el de crímenes de guerra”, explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión que investiga el impacto de los asentamientos israelíes.

En sentido de derecho puro, el establecimiento de colonias israelíes en suelo palestino se considera un crimen de guerra, explicó Chanet, quien subrayó que esto no implica que la Corte Penal Internacional, CPI, vaya a decidir que tiene jurisdicción en este caso en vista de que Palestina no es un Estado reconocido.

Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación y si estamos ante un mapa vemos cómo los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina”, indicó Chanet en una rueda de prensa.

Finalmente, Chanet enfatizó que en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las actividades de asentamiento sin condiciones previas”, manifestó la presidente de la comisión internacional, la francesa Christine Chanet.

Por su parte, la jurista Unity Dow, aclaró que durante la investigación el grupo envió cinco cartas al Gobierno israelí pidiéndole su colaboración y permiso para visitar los territorios ocupados, pero ninguna de ellas tuvo respuesta.

“La motivación que existe detrás de la violencia y la intimidación contra los palestinos y sus propiedades es forzar a las poblaciones locales a que dejen sus tierras, permitiendo la extensión de los asentamientos”, agregó la jurista africana.

Críticas a informe

Ante la exposición de dicho informe, las críticas del Gobierno de Israel no se hicieron esperar. “El Consejo de Derechos Humanos se ha distinguido, tristemente, por su aproximación sistemáticamente sesgada y unilateral hacia Israel. Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello”, afirmó un comunicado del Ministerio de Exteriores israelí.

El departamento insistió en que “la única forma de resolver todos los asuntos pendientes entre Israel y los palestinos, incluido el asunto de los asentamientos, es a través de negociaciones sin condiciones previas” y aseguró que “medidas contraproducentes, como este informe, solo sirven para poner trabas a los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto israelí-palestino”.

Cabe anotar que a finales del año 2012, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había dicho que tenía todo el derecho de levantar viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, haciendo énfasis en que lo seguiría haciendo. “Vivimos en un estado judío y Jerusalén es la capital de Israel. El Muro de las Lamentaciones no es territorio ocupado. Construimos en Jerusalén porque es nuestro derecho. Lo que diga la ONU no me interesa”, manifestó el jefe del Gobierno israelí en aquel momento.

De acuerdo con esto, era de esperarse que el Gobierno de Netanyahu reaccionara de dicha manera ante la investigación realizada por el grupo de juristas, de la que se presentarán las conclusiones ante la próxima sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará del 25 de febrero al 22 de marzo.

Palestina, observador

Tras el reconocimiento de Palestina como estado observador no miembro de la ONU el 29 de noviembre de 2012, Israel anunció planes para construir tres mil nuevas unidades de vivienda en asentamientos judíos y hacer avanzar el polémico proyecto de edificación en la zona E-1, que conectaría el gran asentamiento de Maalé Adumim con Jerusalén y minaría la continuidad territorial del estado palestino. Los palestinos reclaman Jerusalén Oriental como capital de Palestina y alegan que las políticas expansionistas de Israel en torno a los asentamientos en Jerusalén Este impiden la viabilidad de un estado con continuidad territorial.