no Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, los profesionales en ciencias médicas tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos…”.

Valga la oportunidad para aclarar que dicho artículo quedó 12 de la Ley No. 6836, quedó con un alcance de muchísimo mayor impacto, al dictarse el Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS, que reglamentó tal legislación, pues se indicó lo siguiente: “La relación vigente a partir de la fecha de emisión de este Decreto, entre el salario promedio de los Profesionales (se refiere a los de Ciencias Médicas -aclaración nuestra-), con relación a los empleados del Gobierno, se establece en 3.83”. (Artículo 8 del citado reglamento, de mayo de 1998).

Como ya hemos indicado, ligar los incrementos salariales al personal médico del país, con las variaciones salariales y de sobresueldos del Gobierno Central, además de mantener una distancia relativa del 3.83 % de aquellos con respecto a éstos; es lo que ha venido ocasionando (entre otras razones), el deterioro del poder de compra de salarios de puestos como los policiales, los técnicos, los oficinistas, los de trabajadores técnicos y calificados y hasta de educadores y de profesionales no médicos.

La “carrera” del Gobierno para evitar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tuviera que cancelar a unos 2 mil médicos, la sideral suma de 174 mil millones de colones; no debe sacrificar la largamente postergada aspiración de la clase trabajadora asalariada del Poder Ejecutivo central que ocupan los mencionados puestos (y otros más), para tener incrementos salariales más justos cada semestre; dejando de ser “condenados” a la trillada frase de los sucesivos gobiernos, a la hora de las fijaciones salariales semestrales para el sector Público, de que “no se puede dar más porque impacta en el salario de los médicos”, hasta cuatro veces más, lo cual es cierto.

Por eso estimamos que el Gobierno de la Presidenta Chinchilla debe asumir su responsabilidad gubernativa y enviar a la Asamblea Legislativa con igual urgencia, el texto para modificar el artículo 12 de la Ley No. 6836; ya sea adicionando esa propuesta de reforma al expediente legislativo que ya puso en trámite parlamentario para modificar los artículos 5 y 13 de tal ley (expediente No. 18.533); o bien, enviando uno en específico para ese artículo 12.

Por su parte, la ANEP hará una intensa gestión en el seno del parlamento para los efectos apuntados.