Aunque el gobierno argentino presentó el convenio como un avance, ya que es la primera vez en casi dos décadas que Irán acepta colaborar, la AMIA rechazó cualquier tipo de acercamiento por la desconfianza que le suscita esa república islámica.

La confrontación aumentó esta semana luego que Irán rechazó interrogatorios a algunos de sus funcionarios involucrados en el ataque, como su actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi.

Esta posición fue interpretada por los opositores al acuerdo en Argentina como la prueba máxima de que Irán sólo está fingiendo colaborar, cuando lo único que busca en realidad es que todos los implicados en la llamada “conexión iraní” queden exonerados.

Pese a las presiones de parte de la opinión pública, el canciller argentino Héctor Timerman defendió el pacto el pasado jueves en el Senado y logró una aprobación del mismo en comisiones, aunque finalmente será votado ante el pleno el próximo jueves.

El temor de la comunidad judía argentina, que ha sido víctima de dos ataques en el país sudamericano, es que el acuerdo sólo sirva para dar por terminada la investigación sin ningún resultado concreto, como ha ocurrido hasta ahora.

Ese es el mismo temor que manifiesta el gobierno, ya que considera que únicamente a través de este memorando se podrá destrabar la investigación que ha sido entorpecida, incluso, por funcionarios argentinos.

El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló en las puertas de la AMIA, en pleno centro de Buenos Aires, y dejó un saldo de 84 muertos y centenares de heridos.

Un par de años antes, en 1992, fue atacada la embajada de Israel en Buenos Aires, pero hasta ahora ninguno de los dos casos ha sido esclarecido, nadie está en la cárcel y las causas están paralizadas.

El año pasado, el juez Rodolfo Canicoba Corral emitió órdenes de captura internacional contra el ex presidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, el ex ministro de Seguridad Alí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati y el ex jefe de Guardia, Moshen Rezahi.

La lista de prófugos se completa con el ex jefe de la fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi; el ex consejero cultural iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani; el ex embajador Hadi Soleimanpour y el ex secretario en la embajada en Argentina, Ahmad Ashgari.

Como el pacto será aprobado gracias a que el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso, todos los iraníes deberían ser interrogados por primera vez, pero desde ahora se anticipa que el régimen de Teherán sólo permitirá el acceso a una parte de los acusados.