Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher contribuyeron con la paz mundial al lograr la caída del Imperio Soviético sin el esperado derramamiento de sangre. Una a una se fue liberando cada República sometida al comunismo, por la voluntad de sus pueblos y no por el fragor de sus armas. Todas menos una: Rumanía.

El hecho de que la liberación de Rumanía haya provocado un cruento derramamiento de sangre, se debió a la actitud stalinista de la pareja presidencial compuesta por Nicolae y Elena Ceausescu y a la corrupción del sistema político que dirigían. Debido a su negativa a seguir las reformas soviéticas logradas por Mijail Gorbachov, la Perestroika y el Glasnost y al deterioro de las condiciones de vida por los excesos de la pareja presidencial, el ejército nacional y gran parte del pueblo se levantaron y derrocaron a Nicolae, ajusticiándolo en secreto junto a su esposa Elena, de quien se decía que era la que llevaba el poder y ejecutaba todos los cambios en el gobierno a través de su organización de divulgación y prensa, razón por la que se granjeó el odio del pueblo rumano.

Y los excesos de poder se van siempre a la administración de justicia, convirtiendo el sistema judicial en el principal aliado de los dictadores.

Estamos siendo testigos de la actuación prevaricadora de un judicial que no aplica la justicia con el consabido fallo de sentencia, solo para adueñarse de los bienes del acusado. Con un descaro propio de las dictaduras absolutistas, tiene en uso una camioneta propiedad del acusado, a la que le removió la placa preparando el zarpazo final al ponerla a su nombre. El juez (con minúscula) aduce que los bienes del acusado son administrados por el Estado y por eso él puede hacer uso personal de la camioneta en cuestión. Retórica inmoral a la que recurren los estafadores de la justicia para sentirse impunes ante la sociedad que los observa.

La concatenación del sistema judicial, la policía nacional y el ejército nacional a favor del poder ejecutivo, es lo que hace inmorales y absolutas a las dictaduras inconstitucionales.

Si cada uno de esos organismos estuviera al servicio de la Constitución de la República y del pueblo nicaragüense, no habría posibilidad que se elevaran estos reyezuelos y sus reinezuelas hasta el extremo de apoderarse de toda la actividad nacional. Culpables los que juraron defender los mandatos de la Constitución, culpables los que se comprometieron a salvaguardar la seguridad ciudadana, culpables los encargados de impartir justicia con equidad e imparcialidad, de todo el caos político, social y económico que sufre la nación y de sus fatales consecuencias que el abuso presidencial promueve con su proceder autoritario y corrupto.