ciones: una de corte liberal-occidental, que prioriza diversas expresiones de democracia representativa, y otra, de inspiración socialista, que en el caso específico de algunos países del bloque de la Alba (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) suele autodefinirse como democracia directa. La primera tradición se caracteriza por considerar que los procesos electorales son la forma más eficiente que tienen los ciudadanos para expresar sus preferencias. La segunda tradición se centra en desarrollar procedimientos de participación popular, sobre la base de instancias de organización política, en los ámbitos comunitario y local, que tienen una íntima vinculación con el partido político en el poder. Así mismo, esta segunda tradición guarda un marcado desafecto por los procesos electorales propios de la democracia representativa.

Hay quienes sostienen que estos modelos de supuesta democracia directa, propios del denominado “socialismo del siglo XXI”, son una respuesta al agotamiento de la democracia representativa. Desde este punto de vista, estructuras como los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) en Venezuela o los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en Nicaragua, son instancias que permiten tener mayor participación y representación. Yo disiento de ese punto de vista y, además, pienso que en el caso de Nicaragua hay amplia evidencia que permite afirmar que los mecanismos de participación implantados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), más bien han reducido drásticamente la participación ciudadana plural y efectiva.

Antes de que Daniel Ortega asumiera el poder, en enero de 2007, ya existía en Nicaragua un sistema muy interesante de participación ciudadana. Por ejemplo, en las reformas constitucionales de 1995 se creó el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), como un foro multisectorial en el que tenían representación numerosas organizaciones de la sociedad civil, con la facultad de hacer aportes al presupuesto general de la república. Adicionalmente, en octubre de 2003 se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, que creaba o fortalecía varios instrumentos de dicho tipo de participación, entre éstos los Comités de Desarrollo Municipal o Departamental. Por su parte, el Fondo Social de Emergencia inició, desde el año 2005, una serie de proyectos participativos en cientos de comunidades y venía adquiriendo relevancia como un mecanismo para identificar y atender las prioridades de las comunidades más vulnerables del país.

Cuando Daniel Ortega asumió su segundo mandato presidencial en 2007, uno de sus primeros actos de gobierno fue la constitución de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). En la primera versión de su decreto presidencial, los CPC eran estructuras mixtas que, además de estar conformadas por pobladores, también formaban parte del poder ejecutivo. Muchos observadores notaron una gran similitud de este modelo con los Comités Populares de base, consignados en el Libro Verde del extinto dictador Muamar el Gadafi. Esta propuesta consideraba a los CPC las únicas instancias de participación ciudadana reconocidas como válidas, por el Estado de Nicaragua.

La reacción inicial de amplios sectores de la opinión pública hacia los CPC fue muy desfavorable, por lo que Daniel Ortega presentó una segunda versión de estas estructuras, más moderada, por vía de una reforma de ley. Sin embargo, la mesura inicial del comandante Ortega duró muy poco. Eventualmente, los CPC anularon en la práctica a los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental, que venían funcionando con mucho éxito, como instancias multisectoriales de consulta para las alcaldías. Además, el gobierno ignoró por completo el Conpes, hasta lograr su desaparición. Los CPC adquirieron mayor peso político, al ser usados por el gobierno como canales para la distribución selectiva de diversas ayudas directas a los pobladores, tales como alimentos y medicamentos.

Paradójicamente, cuando el FSLN era un partido de oposición (1990-2006), supo aprovechar con gran habilidad los espacios que permitían instancias como los Consejos de Desarrollo Municipal. Los liderazgos locales del FSLN eran instruidos, por la dirección nacional del partido, a participar activamente en esos foros; así, el FSLN fue ganando una significativa relevancia en muchos municipios. En las elecciones municipales del 2004, el FSLN aumentó de modo considerable su peso electoral, al ganar 87 de las 152 alcaldías del país y en las elecciones locales del 2008 –ampliamente cuestionadas como fraudulentas por observadores internacionales– obtuvo el control en más de cien municipalidades. Estos procesos electorales se caracterizaron por tener muy bajos niveles de abstencionismo.

¿A qué se debió entonces que el partido político que más se había beneficiado de estas instancias de participación ciudadana decidiera abolirlas, al llegar al poder? Parece que el FSLN consideró que un sistema de participación local pluralista era incompatible con su modelo de gobierno, basado en un partido hegemónico. Como resultado de esa decisión, los CPC se fueron entrelazando más con las estructuras locales del FSLN, hasta llegar a ser instancias híbridas partido-gobierno-comunidad. En la actualidad, las oportunidades de participación para ciudadanos independientes al FSLN son prácticamente nulas.

En noviembre de 2012, Nicaragua vivió un extraño proceso de elecciones locales. El país, que desde 1990 se caracterizó por tener los niveles más altos de participación electoral en Centroamérica, experimentó uno de los abstencionismos más altos de su historia. Como resultado, la enorme mayoría de ciudadanos decidió no acudir a las urnas y el FSLN ganó 134 de 153 alcaldías. Si bien el comandante Ortega y su partido, celebran hoy lo que en apariencia es una victoria electoral abrumadora –gracias a los proyectos de la Alba–, la realidad es que Nicaragua vive el ocaso de su democracia.