Y es que cuando el “Gobierno Neoliberal” dice que defiende los Intereses de Costa Rica se refiere a que defiende los Intereses de los ricos y poderosos, sus propios intereses y los de la “Oligarquía Político Empresarial”; pues ellos entienden que Costa Rica es el “Gobierno Neoliberal”; NO nunca los residentes, serviles y trabajadores que habitan el territorio llamado Costa Rica.

Pongamos de ejemplo el último y más reciente evento de “Prepotencia Neoliberal” del Gobierno o “Dictadura Neoliberal”, la “Concesión de la Carretera San José – San Ramón”.

“La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que la modificación y aumento en las tarifas y la ampliación en 5 años de la concesión de la ruta San José- San Ramón no fueron contempladas ni analizadas por este órgano antes de refrendar el contrato, alegando que es responsabilidad de la Administración la legalidad y equilibrio económico del contrato, según el oficio 02574 del 11 de marzo del 2013 enviado por la CGR al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Edwin Rodríguez”…

A pesar de que la concesión cedida a la empresa brasileña OAS pasó de 25 a 30 años y el monto de inversión pasó de $266.663.000, según el contrato original del 2004, a $650.423.399 en el 2013 y de que el monto de los peajes paso de $1,3 a $3,88, la Contraloría aseguró que estos cambios no fueron objeto de estudio por parte del órgano.

“El refrendo no es en suma, una revisión y validación integral de todo lo actuado por la Administración durante las fases previas a la formalización de una determinada relación contractual, o como en el caso que nos ocupa, de una serie de modificaciones inspiradas en variables de reequilibrio económico, sino que el ejercicio de este control previo supone de una parte, la verificación de la existencia de ciertos elementos esenciales en dicho trámite, y por otra, de una serie de presunciones de validez respecto a lo actuado por la Administración, siendo que es precisamente sobre estas, en que descansa la voluntad administrativa… El refrendo no constituye un mecanismo por medio del cual se habilite por este órgano practicar auditoría sobre las contrataciones, sino que más bien, es un basado en una revisión de legalidad de cada una de las actuaciones que constan en los documentos que soportan el expediente administrativo. De ahí que en esa revisión, existe investida una presunción de veracidad sobre la información ahí contenida, y sobre la cual descansa la responsabilidad de los funcionarios encargados de su emisión, por lo que este órgano no se encuentra habilitado para llevar a cabo un ejercicio o construcción de veracidad sobre dicha información”, dice el oficio de la CGR”… CGR no revisó mecanismos usados por Concesiones para aumentar tarifa y peajes en ruta San José-San Ramón.

En otras palabras, la Contraloría General de la República se “Lava las Manos”; aún cuando el “Deber de Probidad” la obliga a revisar y validar de forma integral todo lo actuado por la administración (CNC, Conavi) durante las fases posteriores a la modificación de la previamente determinada relación contractual (Contrato de Concesión); pues precisamente su función (CGR) es el ejercicio de ese control previo que supone la verificación de la existencia de ciertos elementos esenciales de la “Administración Pública” (CNC, CONAVI) en dicho trámite; hablando a lo Tico: que no haya chorizo, como efectivamente lo Hubo, por parte de la “Administración Pública” del “CNC” y el “CONAVI”.

Una vez aclarado eso y siendo que el “Contrato de Concesión” que la “CGR” refrendó fue modificado por la “Administración Pública” del Concejo Nacional de Corruptos, digo Concesiones y el Concejo Nacional de Vividores, digo Vialidad; la VALIDEZ LEGAL DEL CONTRATO ES PARA EL REFRENDADO; NO, NUNCA PARA EL MODIFICADO; en otras palabras para los $266.663.000 del contrato original del 2004, no los a $650.423.399 en el 2013 y el monto de los peajes de $1,3, no los $3,88, o más que se cobrarán.

¿Qué en 10 años (del 2004 a la fecha) el costo subió? Obviamente, pero, o la “Inflación Acumulada” en 10 años fue de 244% o sea, un promedio de 24% anual, 2% mensual, o el “Gobierno Neoliberal” miente en sus Cifras de Inflación de menos 1 digito anual (5% a 6% por año)… Yo le apuesto a lo primero. En todo caso, si guardamos la Misma proporción para el aumento del peaje, el nuevo costo debería ser de $3,18 No de $3,88, como señala el Concejo Nacional de Corruptos, Digo Concesiones y aprueba el Concejo Nacional de Vividores, digo Vialidad y el ministro del MOPT “Pedro el Malo”, digo Castro.

Luego, aunque la Inflación fuera la que todos percibimos y efectivamente el costo hubiera subido en la Proporción que el “Gobierno Neoliberal” indica, lo que corresponde es validar y refrendar un “Nuevo Contrato de Concesión”, debidamente actualizado, sin vicios de nulidad y con los controles administrativos que corresponden.

¿Qué se pagarán 4000 colones pero que en tiempo, combustible y otros rublos se ahorrarán 6000 colones, quedando 2000 colones de ganancia? Primero los estudios comprados, contratados y/o buscados o seleccionados por la propia empresa y los interesados en el “Gobierno Neoliberal” son altamente debatibles por cualquier experto. Segundo, el supuesto ahorro, concediendo el beneficio de la duda, de que así sea, se daría para el usuario, ya sea que la empresa privada (OAS) construya la carretera; ya sea que el Estado (MOPT) la construya. En otras palabras, si la carretera la construye el Estado, igual el usuario se ahorraría 2000 colones; corrección, se ahorraría mucho más de 2000 colones, probablemente el doble; ya que, el costo de construcción para el Estado sería menor, de 2 a 3 veces menor; por lo que, lógicamente, el costo del peaje también debería ser 2 a 3 veces menor.

¿Qué hay rutas alternas para transitar? (para los que no quieren pagar el peaje) El concepto y la razón de la “Ruta Alterna” es que todo el flujo vehicular previsto pueda transitar por la “Ruta Alterna”, en caso de que el usuario no quiera, o no pueda pagar el costo del peaje; esto es una obligación, tratándose de una “Ruta Principal” como lo es la “Ruta 1”, por tratarse de una “Vía Estratégica Nacional”, y por Ende Pública; la Constitución garantiza el “Libre Tránsito” por cualquier ruta Nacional y el Derecho Internacional también lo garantiza.

Eso significa que el Estado, en este caso, la “Administración Pública” del “CNC” y el “CONAVI” deben garantizar que los 90,000 o más vehículos diarios que normalmente transitan por la “General Cañas” puedan ser evacuados en su totalidad por la “Ruta(s) Alterna(s)” que el MOPT disponga para ese efecto; lo mismo que los 30 a 40 mil vehículos que transitan por la “Bernardo Soto”; no solamente a la altura de Grecia, sino en cualquier trayecto de la carretera. En caso contrario, la “Administración Pública” del “CNC” y el “CONAVI” y por ende el Estado, no estarían garantizando el “Libre Tránsito” y si estarían violando la Constitución Política de nuestro País, así Como nuestros “Derechos Ciudadanos”.

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http://reinhardt707.wordpress.com/2013/04/12/acerca-del-modelo-de-concesin-de-obra-pblica-la-dictadura-neoliberal-se-basa-en-el-engao-y/