El desenlace final con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negociado privado con los servicios públicos destinados al bien común. La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna.

Esperamos de parte de la Fiscalía General de la República una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agigante con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.

Falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla le dé amplios detalles al país al respecto.

Finalmente, reafirmamos nuestra profunda convicción de que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y desde ya nos comprometemos a aportar en la correspondiente lucha.

Gran honor, reconocimiento, admiración y felicitación merece la población ramonense por su ejemplarizante acción cívica; tanto como las comunidades patrióticas vecinas de Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, Atenas y Alajuela, entre otras.