Para la Defensoría, de concretarse las dudas de legalidad en el contrato podría generar su invalidez, y ante esa posibilidad, lo responsable sería dirigir los esfuerzos a estudiar con rigurosidad estos puntos en aras de las consecuencias de los mismos, y no dejar por sentado, sin análisis previo, que todo está apegado a derecho.

“Queremos dejar claro como Defensoría que no se puede pactar sobre un acto nulo; en este sentido, el análisis de nulidad antecede a cualquier acuerdo, ya que lo que es absolutamente nulo por disposición legal es incapaz de producir efectos jurídicos para las partes”, aseguró el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.

Considera esta Defensoría que si lo que existe es un acuerdo verbal como lo ha asegurado autoridades gubernamentales a través de medios periodísticos y todavía no existe nada por escrito, debe encaminarse a estudiar las dudas de legalidad que se le han señalado al contrato por varios sectores de la población, pues lo oportuno y adecuado, sería entrar primero a su análisis, previo a cualquier otra decisión que vaya a generar efectos más onerosos para el país.

“Insistimos en el punto de la nulidad como lo han venido haciendo también los representantes del Foro de Occidente, abogados particulares y representantes del Congreso, debido a que las consecuencias jurídicas y económicas para el país pueden ser menos gravosas, si se llega a la conclusión de que ha existido una nulidad, dejando con ello la imposibilidad de estar frente a un escenario de un acuerdo entre las partes”, agregó el Defensor Adjunto de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes continúa investigando esta situación para determinar nuevos elementos que podrían contribuir a que las autoridades responsables puedan tener mayores elementos de juicio para determinar otras acciones y salidas a esta situación.