a ciudadanos indefensos, una vez que habían sido reducidos a la impotencia. Está fresco en la memoria también la flagrante violación a los derechos humanos de otro grupo de ciudadanos de Santo Domingo que fueron trasladados a Managua, en calidad de secuestrados, para facilitar, mediante el chantaje, que la empresa B2gold impusiera sus condiciones a los mineros que resistían.

También recordamos las vejaciones cometidas en mujeres y hombres en Nueva Guinea. Las mujeres abusadas en su carácter de mujeres. El caso de la niña violada por escoltas de Ortega y otras denuncias de violación a mujeres en delegaciones policiales.

Y recordamos también a los productores de frijoles de Condega que fueron perseguidos, garroteados y allanadas sus viviendas.

Todos sabemos que la lista es más larga. Mucho más larga. Allanamientos sin orden judicial. Irrespeto a los recursos de habeas corpus. Uso desmedido de la fuerza. Torturas y vejámenes en las cárceles. Capturas y privación de libertad sin fundamento legal. Las comisiones independientes de promoción de derechos humanos están ya rebasadas en su capacidad de actuación.

Hasta hace unos años, la policía daba la cara ante las denuncias y al menos intentaban, en la mayoría de los casos, dar una explicación. Y eran señalados como hechos aislados.

Ahora la policía esconde la cara y la población se queda con las denuncias y sin la explicación. Y cada vez con mayor frecuencia, sin la denuncia, ante la convicción de su inutilidad.

Van sumando tantos los casos de vejaciones a la población y violaciones flagrantes a los derechos humanos, y es tanto el silencio y la indiferencia de los mandos de la policía, que uno se ve obligado a pensar que ya no estamos ante casos aislados sino ante un patrón de conducta que  ha rebasado la capacidad de control. Un patrón de conducta que ha roto los cauces legales y que utiliza la fuerza a discreción y con impunidad. Violencia institucional e institucionalizada se llamaba en otros tiempos.

Al menos en la época del somocismo se emitía un decreto suspendiendo las garantías constitucionales. Y en plena guerra, en los ochenta, se emitía un decreto de emergencia. Hoy, sin decreto de emergencia y sin suspensión de garantías constitucionales, la realidad es que los derechos y garantías de la ciudadanía están, de hecho, suspendidas. Sólo que esa suspensión se administra de manera dosificada y focalizada, en función de la intensidad y peligrosidad de la resistencia. Y se esconde en el ruido que provoca la florida propaganda oficial, que controla la casi totalidad de los medios de comunicación.

Triste realidad es esta, porque ya sabemos qué sigue. Más temprano o más tarde la resignación ciudadana se transforma en resistencia activa, y la resistencia en violencia. Siempre sabemos cómo comienza la violencia. Y en Nicaragua la historia nos enseña también cómo termina.

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Diputado en la Asamblea Nacional. Economista y abogado. Aficionado a la Historia. Incansable en la búsqueda de la libertad y de la felicidad.