soría. Como resultado del proceso se emitió un  informe técnico que fue conocido por la Corte Plena, para la decisión del régimen disciplinario de sus miembros.

En el caso en cuestión, como resultado de la votación en el marco de la Corte Plena, se acogieron los resultados de la investigación realizada y se acordó la sanción de revocatoria del nombramiento, lo que constituye una clara señal del interés por combatir la impunidad en las más altas esferas de un Poder de la República.

Si se hubiese determinado cualesquiera otras sanciones, habrían sido ejecutadas por la misma Corte Plena; sin embargo, como se trata de una revocatoria de mandato, la Corte debe remitirla a la Asamblea Legislativa para que resuelva, en el tanto fue el órgano que hizo el nombramiento.

Este procedimiento ha sido objeto de múltiples consultas y manifestaciones públicas que nos convoca a externar la posición institucional en el sentido de que cuando el caso llegue a la competencia de la Asamblea Legislativa, no es de recepción de denuncia,  ni de inicio de una investigación, cuyas etapas ya fueron  concluida por el Poder Judicial, como lo ordena la Constitución Política en su artículo 165, que expresamente dispone:” Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa o por los otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente a régimen disciplinario.  En este último caso, el acuerdo deberá tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros”.

En acuerdo con estas normas y los principios de celeridad, eficiencia y eficacia el procedimiento no podría repetirse.  En adición el proceso está caracterizado por el principio de confidencialidad que se violentaría si se somete a ambas partes a un nuevo proceso.

La lucha contra la impunidad requiere de una comprensión del fenómeno de la violencia y discriminación, contra  sus principales víctimas que han sido las mujeres, de las normas específicas que lo tutelan y los procedimientos especiales que deben ser aplicados.