tina de nuestro patrimonio y nuestra soberanía, que se saldó con la entrega de extensos territorios a Costa Rica, Honduras y Colombia,  así como con la injerencia de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos, al punto que tuvimos que soportar la vergüenza de ver casi la mitad de nuestra nación sometida a la humillante condición de protectorado británico de la Mosquitia, con un pintoresco “rey mosco” a la cabeza, hasta casi finales del siglo XIX.
 
La valentía y el patriotismo del general Rigoberto Cabezas lograron lavar esta afrenta con la reincorporación de dicho territorio al regazo de la patria el 12 de febrero de 1894, durante el gobierno liberal del presidente José Santos Zelaya. En homenaje y reconocimiento a esta gesta heroica, el puerto principal de la región septentrional del nuevo Departamento de Zelaya (en la actualidad Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN) recibió el nombre de Puerto Cabezas. Pero el nicaragüense, tan poco dado a honrar a sus verdaderos héroes y, por el contrario, muy proclive a fabricar falsos ídolos, ha desechado el nombre del reincorporador Cabezas y lo ha sustituido por el de Bilwi. ¿Será acaso que el territorio de nuestra costa caribeña ya no forma parte de Nicaragua o que sus habitantes han dejado de ser nuestros connacionales?  En unos cuantos años, las nuevas generaciones habrán borrado de su memoria el nombre heroico de Rigoberto Cabezas así como el de la gloriosa epopeya de la reincorporación. Ese es el pago de los malos hijos de Nicaragua.

Y como quienes desconocen el legado que nos deja la historia están llamados a repetir los mismos errores del pasado, he aquí que ahora nos enfrentamos a una ignominia mucho mayor. El régimen que gobierna al país está empeñado, supuestamente para que vivamos “bonito”, en convertir a Nicaragua entera en un gigantesco protectorado con el cuento chino —y en este caso, literalmente— de la construcción de un gran canal interoceánico a través del territorio nacional, idea que ha constituido una quimera desde la llegada de los conquistadores españoles hace más de quinientos años.  La última tentativa a ese respecto se remonta a 1914, cuando el gobierno de Adolfo Díaz envió como embajador ante la Casa Blanca al general Emiliano Chamorro a negociar un acuerdo con los Estados Unidos: el tristemente célebre Tratado Chamorro-Bryan, que hipotecó la soberanía nacional por 99 años a cambio de tres millones de dólares.
 
En realidad, lo que se proponía el gobierno estadounidense era impedir que otros países pudieran interesarse en la construcción de la vía interoceánica por Nicaragua, porque ya Washington estaba terminando el Canal de Panamá, que se inauguró justamente ese mismo año de 1914. Dicha afrenta se borró el 14 de julio de 1970, cuando el gobierno liberal del presidente Anastasio Somoza Debayle logró la derogación del vergonzoso acuerdo con los Estados Unidos gracias al Tratado Guerrero-Barnebey. En adelante, la efeméride se convirtió, por ley, en el Día de la Bandera.
 
El caso del actual proyecto de canal, que ha impulsado al gobierno a enviar a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley —con parte de la documentación en inglés— para su aprobación con carácter de urgencia, reviste muchísimo mayor gravedad, ya que nadie conoce a ciencia cierta las negociaciones entabladas con una desconocida empresa china, identificada como HKND, que en calidad de inversionista del megaproyecto —por valor de cuarenta mil millones de dólares— no ha presentado estudios de prefactibilidad y factibilidad, de efectos sobre el medio ambiente así como otros documentos importantes para evaluar las posibles  repercusiones y la eventual afectación de los recursos hídricos del país, especialmente el Lago Cocibolca y sus afluentes de la cuenca acuífera. El mencionado proyecto, una vez aprobado por el Legislativo, tendrá una vigencia de 50 años, plazo renovable a voluntad del inversionista por otro período o períodos similares, a cambio de que el Estado perciba hasta diez millones de dólares por año durante diez años. Un proyecto de la magnitud del que se pretende ejecutar en Nicaragua demandaría la realización de exhaustivos estudios multidisciplinarios —lo que normalmente toma varios años— para determinar no sólo la ubicación exacta de la ruta seleccionada —incluidas las posibles alternativas—, sino también los impactos que tendría sobre todo el territorio nacional.
 
Estamos, entonces, a las puertas de que Nicaragua se convierta en un inmenso protectorado chino y que enajene su soberanía a cambio de un mísero plato de “dolarejos” por los próximos cien o doscientos años, a voluntad del novel inversionista.  Una vez más, cada nicaragüense deberá llevar sobre su marchita frente el oprobioso letrero de vende patria.