nes de vida y contar con más y mejores oportunidades. Pero nadie quiere que ese sueño sea entregado a desconocidos, o a testaferros; y, si nos descuidamos un poco, la concesión puede terminar incluso en manos de mafiosos. Peor aún si a cambio el orteguismo está poniendo en riesgo propiedades, ahorros bancarios y otros derechos individuales de los nicaragüenses.

El régimen orteguista, con su habitual oportunismo, aprovechó las pasiones y opiniones que despertó el despojo para pasar por debajo de la mesa las siguientes leyes:

Ley de Concesión de Servicios de inspección no intrusiva en los puestos de control de fronteras. Un nombre sofisticado para referirse a una turbia concesión otorgada a un empresa asentada en Panamá con el siguiente argumento: es necesario proteger las fronteras y para ello se necesita acudir a tecnologías modernas, en este caso unos “scanners”, que permiten detectar cualquier producto sospechoso o peligroso. Hasta ahí todo está bien. Pero ¿por qué no se hizo una licitación y se procedió a una contratación directa?

El pago a los servicios que prestará la empresa beneficiada saldrá de un nuevo impuesto que gravará tanto las importaciones como las exportaciones del país. Cifras gruesas adelantadas por representantes del sector privado estiman que la inversión en el sistema completo se aproxima a 22 millones de dólares. Y los ingresos por el nuevo impuesto ascenderán a 18 millones de dólares. Es decir, bastarán 15 meses para recuperar la inversión.

La concesión otorgada es por 15 años. Unas sumas y unas multiplicaciones permiten arriban a unas ganancias que superan los 200 millones de dólares. ¿Quiénes son los felices dueños de esa empresa que ha recibido una concesión tan generosa?

¿Quiénes serán los paganos? Los de siempre. El impuesto encarecerá las importaciones y por consiguiente los consumidores deberemos pagar más por los productos que compramos. También serán castigados los exportadores que recibirán menos ingresos y su producción perderá competitividad en el mercado internacional.

Leyes de reforma a la industria eléctrica. Mediante la reforma a un conjunto de leyes relacionadas con el sector eléctrico, el régimen otorgó un conjunto de beneficios a los nuevos dueños de la distribución de energía. La rápidamente famosa TSK. Veamos algunos de los privilegios:

• Exoneración de impuestos a la compraventa de las empresas de distribución realizada por Gas natural a TSK.
  
  
• Las inversiones que realice TSK serán a cuenta del impuesto sobre la renta, es decir, fue eximida de este impuesto.
  
  
• Mediante un mecanismo técnico, truculento, le permitirán elevar las tarifas. Inventaron una ampliación del indicador de pérdidas técnicas para lograr ese propósito. Los consumidores sólo lo percibirán a la hora de recibir la factura.
  
  
• Los consumidores deberán cargar con los intereses que Gas Natural no pagó a las empresas generadoras por deudas atrasadas.

¿Cuántos millones de dólares significan estos beneficios?

Pueden tener la seguridad que son muchos millones.

Ley de protección a los consumidores. Una ley que aparenta cambiar algunas cosas para que nada cambie pues los consumidores seguirán con la misma desprotección ante los abusos que verdaderamente importan.

El servicio de energía, el servicio de transporte, los precios del combustible, el servicio de agua potable, las tarjetas de crédito, los servicios de celulares, cable e internet, en la práctica seguirán tal cual están hoy. Pero el orteguismo ha pregonado supuestos beneficios de la ley para ocultar que está protegiendo a los grandes inereses y dejando en la impotencia a la población.

Ley de antenas. Con unos antecedentes tan turbios como casi todo lo que está ocurriendo con las transacciones económicas en las que la institucionalidad pública está detrás, al lado o por debajo, esta ley permitirá a la empresa Xinwei, del famoso chino del canal, abaratar sus costos utilizando las antenas construidas por las empresas de telecomunicaciones instaladas en el país. Con la intervención de Telcor, Xinwei podrá negociar el alquiler de las antenas propiedad de Claro y Movistar.

Como recordarán Xinwei “ganó” una licitación para instalarse en Nicaragua y operar en el área de telecomunicaciones.

La nube de polvo levantada por el descomunal despojo del canal sirvió para “que no viéramos ni pasar” estos turbios negocios, a pesar de que se realizaron a plena luz del día.

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* Enrique Sáenz Navarrete:  Diputado en la Asamblea Nacional. Presidente del Partido MRS. Economista y abogado. Aficionado a la Historia. Incansable en la búsqueda de la libertad y de la felicidad.