de las 9:00 a.m, con la presencia de expertos nacionales e internacionales. De igual manera la Defensoría de los Habitantes y Ageco hacen un llamado para que las entidades públicas prestadoras de servicios se ajusten a las necesidades de la población adulta mayor, siendo que son y serán cada vez más los principales y mayoritarios usuarios en campos tales como la salud, la telefonía, vivienda, el transporte público, el acceso al agua.

Actualmente la esperanza de vida, o el número de años que en promedio, una persona puede vivir es de 76.3 en los hombres y de 81.1 para las mujeres, lo que implica que el país debe ejecutar políticas públicas que vayan encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación contra las personas adultas mayores, en especial, cuando se trata de violencia y atención oportuna.

Debido a que los derechos humanos de las personas adultas mayores no han sido objeto de individualización, es que es necesario se pueda construir un instrumento internacional para su protección como puede ser una Convención de los Derechos Humanos de las personas adulta mayor.

“Costa Rica debe caminar hacia la protección de la población de la tercera edad con un trato digno y además que le asegure un mayor de autonomía, independencia, protección, cuidado y participación”, dijo esta mañana Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes.

Para la Defensoría a pesar de que se aprobó una ley en el país para la protección de los derechos de las personas adultas mayores, aún falta mucho camino por realizar puesto que prevalece la exclusión y la discriminación contra esta población 10 años después.

Las diversas expresiones de la violación a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en los diversos ámbitos del quehacer nacional, se reflejan en la atención de la salud, la prestación de los servicios públicos, el acceso a la seguridad social,  las condiciones para garantizar la seguridad económica –políticas laborales o regímenes de pensiones-,  la demanda de seguridad ciudadana, entre otros.

Al mismo tiempo, destacan las acciones afirmativas que se han dispuesto para revertir estos procesos, no obstante en  muchas veces se han convertido en causas de maltrato recurrente, como es el caso de la exención tarifaria para el uso del transporte público a favor de las y los adultas mayores.

Elevar el nivel de la calidad en la vez no se trata solo de vivir más, sino de garantizar un envejecimiento digno de la población. El país no puede quedarse con el plan sino darle prioridad a la acción en materia de derechos de las personas adultas mayores.