elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); tenemos una población trabajadora asalariada total de 1 millón 524 mil 3 personas (1.524.003). De ellas, 1.235.699 está en el sector Privado de la economía; y, 288 mil 304 en el Público.

Ahora, si vinculamos ambos sectores por nivel de ingreso salarial neto (“decil”, como dicen los técnicos en la materia), existen 778.521 personas que reciben un salario mensual de 233 mil 217 colones, o menos. Exactamente, 714 mil 619 en el sector Privado y 63.902 en el Público. Juntados ambos sectores, y en términos porcentuales, hay un 51.08 % de personas asalariadas (familias) que con esos 233.217 colones mensuales, deben pagar luz, agua, teléfono, comedera, pasajes de autobús y otros gastos básicos de sobrevivencia. ¿Se soportará un aumento en la cotización para el IVM y/o para el SEM?... Pensamos que no.

En el extremo totalmente opuesto y según la misma encuesta, únicamente 169 mil 852 personas trabajadoras asalariadas ganan más de 667.931 colones mensuales; apenas un 11.15 % del total de 1.524.003.

Por otra parte, pensar en más impuestos para ayudar a la sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, es imposible considerarlo; sin pensar en la transformación estructural del sistema tributario costarricense, altamente injusto por su perversa regresividad (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen). Recordemos que la clase trabajadora asalariada no evade impuestos. Por ejemplo, si tiene un sueldo como para cobrarle el impuesto de renta, de una vez y mes a mes, se lo rebajan de la planilla. Y, en el caso del de ventas, éste se paga al momento mismo de la compra, en la pulpería y/o en el súper.

Lo que corresponde, en consecuencia, es entrarle a una transformación tributaria por el lado del capital y de las grandes rentas, si es que se piensa que por este lado hay que meterle el hombro al SEM y al IVM para que no quiebren. Así, por ejemplo, el Estado teniendo en sus arcas recursos frescos, provenientes “de los más de arriba”, podría hacer que honre su deuda con la Caja con dinero contante y sonante y no con papeles casi sin valor (bonos).

Adicionalmente, hay varias importantes iniciativas de legislación en el actual parlamento que merecen aprobarse antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, la del aumento de las multas a los patronos morosos y la imprescriptibilidad (que no tengan vencimiento o caducidad), de las deudas patronales privadas. Según se documentó al proponerse este tipo de legislación, las deudas incobrables de la Caja pasaron de un 8.3% al 26.4%. Dicho en otros términos, los patronos privados de cada 100 pesos que deben aportar a la Seguridad Social, se están dejando 25, más o menos. Esto debe ser catalogado como un crimen social y, por tanto, quien lo ejecute debe no solamente pagar, sino ir a la cárcel.

Por otra parte,  hay una serie de planteamientos desde los sectores sociales y civiles, como las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” que deben considerarse de manera estratégica y con verdadera voluntad política; si es que, integralmente, se quiere encontrar una solución “nacional” al tema de la futura sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, en el mediano y en el largo plazo. En esta columna hemos tocado el punto varias veces.

La Costa Rica de hoy es la Costa Rica de la desigualdad, sistemáticamente creciente. Esta situación se agravará si los sectores neoliberales que tienen la hegemonía política del país, se “salen con la suya” y concretan que la sostenibilidad futura tanto del SEM como del IVM, es responsabilidad de las personas asalariadas y nos ponen a pagar una “torta” que no fue generada por la gente del trabajo, la de los y las de abajo.

No puede procederse así y esto hay que impedirlo de muchas maneras. Además, es preciso sentar las responsabilidades con respeto a quienes desde las alturas del poder real en el seno de la Caja, generaron tal situación. Por cierto que las denuncias están planteadas ya ante la Fiscalía General de la República y a la fecha, que sepamos, están “durmiendo el sueño de los justos”.

Clarísimo queda que este asunto de la Caja y, particularmente, si el SEM y el IVM van a quebrar, debe ser un tema estratégico de la campaña electoral ya encima. Quienes están pidiendo el voto de la gente del trabajo, que es la mayoría abrumadora, deben hablar con toda claridad. No alcanza con sólo decir “vamos a fortalecer la Caja”. Deben indicar cómo, cuáles medidas, en qué ámbitos, cuándo se han de implementar; y, muy importante, es más que necesario que digan a qué persona, de ganar la Presidencia de la República, han de colocar en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Esto es absolutamente determinante como un factor esencial para decidir el voto. Bueno, así pensamos.

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*  Albino Vargas Barrantes: Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Central Social Juanito Mora Porras.