En una reunión convocada esta semana por la Defensoría, con la presencia del Presidente Ejecutivo del INA, Francisco Marín, la Directora General de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, y funcionarios del PANI; la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, urgió una pronta respuesta interinstitucional para que no se limite más el acceso a la educación, ya que es un derecho humano que cobija a las personas menores de edad  sin distinción de nacionalidad, tal y como lo establece el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica en 1990.

Por su parte, los representantes de las instituciones involucradas mostraron su anuencia en establecer  acciones conjuntas que permitan  garantizar el acceso a la educación a la población menor de edad  extranjera; para tal efecto se acordó conformar una comisión de trabajo que defina  los procedimientos necesarios para ello.

Una de las propuestas que trabajará dicha comisión está enfocada en que el INA acepte la matrícula de las personas menores de edad en condición irregular, para que de inmediato la Dirección de Migración les otorgue la categoría migratoria de estudiantes.

“Costa Rica debe avanzar en una política de integración plena para personas migrantes; esta es una oportunidad  que  beneficia a un sector que por su edad  enfrenta grandes  dificultades que podría someterlos a la exclusión social”, dijo la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

La Defensoría dará seguimiento a los avances de la comisión instalada en calidad de observadora y facilitadora del proceso.