“representa una desestimación del caso y ratifica el apego de Costa Rica a su histórico compromiso con los derechos humanos, y en particular, de su permanente solidaridad con muchos nicaragüenses que lograron en nuestro país  oportunidades que en su propio país no encontraron”.

Para la Cancillería, la CIDH confirma  la inexistencia de los motivos que originaron la petición, así como la falta de interés de los peticionarios.

Recordó que el año pasado, y tras una reunión de trabajo celebrada en Washington D.C., Costa Rica  hizo ver a la CIDH el desinterés de los peticionarios en la presente gestión, quienes tenían más de 12 de años de no realizar gestión alguna. Además, en coordinación con la Dirección de Migración y Extranjería, se le expuso en detalle a la CIDH, los significativos avances que ha tenido el país con la nueva ley de migración.

El caso se remonta al 28 de febrero de 1995,  cuando la CIDH recibió una denuncia en contra de Costa Rica en la cual se alegaba una  supuesta violación en perjuicio de 47 ciudadanos nicaragüenses deportados de Costa Rica a Nicaragua el 22 de febrero de 1995.

Costa Rica alegó que las autoridades nacionales, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Migración y Extranjería, efectuaron un operativo con el fin de detectar y deportar a todo extranjero que hubiera ingresado al país de manera clandestina.  Que este tipo de operativos se conducen con apego a las normas nacionales e internacionales y a los procedimientos establecidos y, a cada  persona deportada se le levanta un expediente y se le notifica la respectiva resolución de deportación.  De igual forma, se participa al Consulado del país de origen a efecto de que éste pueda registrar el ingreso de cada deportado en su territorio.

En otro caso, relacionado con  nicaragüenses, en marzo de 2007, la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH), declaró inadmisible en todos sus extremos la comunicación “Canda Mairena y Silva Urbina”, presentada por  Nicaragua,  ratificando  las amplias garantías de acceso a justicia en Costa Rica y el respeto a los derechos humanos.