Redacción.- 
El diputado Manrique Oviedo Guzmán, del Partido Acción Ciudadana, PAC, aseguró que no es cierto que el Estado costarricense tenga que pagar una indemnización millonaria a la compañía minera de Crucitas, si se prohíbe en definitiva su explotación, sino todo lo contrario, podría ser la compañía la que deba pagar una cuantiosa suma al gobierno por los daños ambientales.

El representante del PAC, detalló que la empresa canadiense Infinito Gold Limitada, que explota la minería a cielo abierto en el sector de Las Crucitas, en Cutris de San Carlos, trabaja sin permiso y al margen de la ley desde hace muchos años.

Oviedo Guzmán basa sus declaraciones al explicar que la compañía inició con el permiso de explotación el 30 de enero del 2002, tras un decreto emitido por el entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez; sin embargo dos meses después la Sala Constitucional acogió un recurso presentado por vecinos de la zona.

Ese recurso se resolvió en el 2004, se declara con lugar lo planteado y se prohíbe la explotación minera a cielo abierto. Ya en el gobierno del Presidente Abel Pacheco, una de las primeras gestiones fue firmar un decreto que deroga la explotación minera. La compañía interpuso dos gestiones para que la Sala Constitucional reconsidera lo dispuesto y sendas consultas se declararon sin lugar.

El representante de la región norte del país, indicó que cuenta con copia de todo el expediente de las gestiones hechas ante la municipalidad de San Carlos.

En el año 2005 se firmó un convenio con el gobierno local para la construcción del camino que hoy se conoce como el camino nuevo a Crucitas, pero no se solicitó ningún permiso al MINAET, para el cambio de uso de suelo, los movimientos de tierra, la afectación de zonas de protección e incluso para pasar sobre una quebrada.

Los documentos del gobierno local indican que fue a partir del año 2008 cuando se iniciaron los trámites en busca de los permisos para iniciar movimientos de tierra.

El diputado rojiamarillo afirmó no tener la menor duda de que la empresa minera actúa al margen de la ley, ya que hace apenas unos pocos días solicitaron al Colegio de Ingenieros Químicos los permisos correspondientes y de plano les fueron rechazados, ya que hay procedimientos fundamentales que no se han cumplido y ese visado es requisito para que se les otorguen los permisos municipales y del Ministerio de Salud entre otros.