Redacción.- La inminente entrada en vigencia de Ley SB 1070, más conocida como ley antiinmigrante, en Arizona está desatando no sólo una guerra de nervios entre los hispanos que viven en ese estado, sino también mayor actividad contra los indocumentados con redadas y hostigamientos hacia quienes sean considerados “sospechosos” de no cumplir con las leyes del país del norte.

El próximo jueves se cumplen los tres meses de la promulgación y posterior aprobación del ordenamiento jurídico más riguroso que se conoce en la historia del estado sureño.

Las protestas que se han venido sucediendo en los últimos tres meses solamente consiguieron dar unos pincelazos con el fin de maquillar la ley y aminorar los daños en Arizona por los boicot anunciados.

Siete días después de la firma de ley, el 30 de abril, la gobernadora Jan Brewer, firmó algunas enmiendas a la SB 1070, contenidas en la ley HB 2162. La preocupación se centró en el impacto causado por el descarado e inhumano cariz racista que evidenciaba la decisión original.

Iniciar la acción policial que podría terminar en captura y deportación con el sólo indicio de “sospecha razonable” cuya fuente fue inmediatamente identificada en el color de la piel, en el habla e, incluso, en la comida, hizo saltar todas las alarmas, pues ni siquiera los legisladores del estado ni la gobernadora se cuidaron de disimular contra quiénes legislaban…