el equipo jurídico de San José mostró información satelital tomada el 5 de octubre, que muestran campamentos militares aún presentes en la zona en disputa, así como la excavación de una fosa cuyo objeto es la de unir el caño con el Mar Caribe.

Costa Rica advirtió que “estos caños nuevos son claramente el resultado de una planificación cuidadosa, lo cual es evidente por su diseño […] No se trata como si el señor (Edén) Pastora simplemente perdió el rumbo o se extravió en el territorio en disputa por accidente y decidió cavar un hueco por sí mismo”.

También acusó a Nicaragua de intentar, vanamente, de desvirtuar la necesidad de nuevas medidas cautelares con la argumentación de que había suspendido todos los trabajos y removido toda la maquinaria y personal en la zona de Isla Portillos, territorio costarricense sujeto a medidas provisionales por la Corte.

En este sentido, subrayó el reconocimiento del agente nicaragüense, Carlos Arguello, quien afirmó ante la Corte que habían retirado de la zona el personal, instalaciones o equipamiento, “porque en cuanto las autoridades nicaragüenses supieron de una presencia allí ordenaron su inmediata retirada".

Dicha declaración de Nicaragua, cuando anteriormente había asegurado a la Corte que no habían ingresado a la zona ni tenían presencia ahí, es para Costa Rica un reconocimiento del permanente desacato de las órdenes emitidas por el Alto Tribunal en marzo de 2011 (que mandó despejar la zona) y de  que han violado la integridad territorial y la soberanía costarricense.

En una nota diplomática del 18 de setiembre de 2013, en respuesta a la protesta elevada por Costa Rica, Nicaragua afirmó que “no ha autorizado ningún tipo de trabajo en el territorio en disputa y no ha enviado personal ahí. Nicaragua reitera formalmente esta afirmación”.

El martes 15, la Presidenta Laura Chinchilla calificó la actitud de Nicaragua como, “errática, falsa y engañosa” al recordar las veces que Managua afirmó que no había realizado ningún tipo de trabajos en la zona, aunque luego señalaron que los nuevos caños que construían eran producto de las lluvias, o en boca del encargado de las obras, Edén Pastora, que limpiaban el lugar de plantas acuáticas. Finalmente admitieron que se habían retirado de la zona.

Medidas urgentes.

El 24 de setiembre de 2013, Costa Rica solicitó a la Corte que indicara nuevas medidas provisionales, tras denunciar el 17 de setiembre nuevas agresiones perpetradas por Nicaragua a la integridad territorial y soberanía costarricense, que se suman a las violaciones del año 2010.

El pedido se hizo tras detectar a mediados de setiembre la excavación de dos nuevos caños en la zona de Isla Portillos, territorio costarricense sujeto a medidas provisionales por la Corte.

 “Nicaragua, casi con un tono de clemencia pide que la Corte no dicte nuevas medidas cautelares, porque ya acostumbrados a incumplir las del 2011 quieren seguir por esos derroteros dándole la espalda al derecho internacional y temen que la Corte les vaya a poner un freno”, dijo hoy el Jefe de la Diplomacia costarricense, quien insistió en la necesidad de las medidas.

Costa Rica insistió en la necesidad de impedir que Nicaragua concluya los trabajos de excavación de los nuevos caños, pues de sino, “se corre el riesgo de se imponga un hecho cumplido a Costa Rica antes de que la Corte emita su fallo final” y advirtió la existencia de un riesgo “real e inminente de prejuicio irreparable”, pues una de las consecuencias de las nuevas obras ilegales por parte de Nicaragua es que el cauce del río San Juan sea desviado para siempre hacia el Mar Caribe, incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al mar, así como por los graves y nuevos daños a un humedal internacionalmente protegido.

La solicitud señala, en particular: que “se suspenda todo trabajo de dragado o cualquier otro, y específicamente la cesación de cualquier tipo de trabajo en los dos caños artificiales adicionales…”, “que Nicaragua retire inmediatamente todo el personal, infraestructura (incluidas las tiendas de campaña) y equipo (incluidas las dragas) que ha introducido por sí, o por intermedio de cualquier persona bajo su jurisdicción o que provenga de su territorio al territorio en disputa…” y “qué se le permita a Costa Rica realizar trabajos de remediación en el territorio en disputa, en los dos nuevos caños artificiales y área circundante, en el tanto sea necesario para prevenir que se cause un perjuicio irreparable al territorio en disputa.”

El equipo jurídico que defiende los intereses costarricense está integrado por los Embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbina, los abogados costarricenses Sergio Ugalde, Arnoldo Brenes y Ricardo Otárola, y los abogados internacionales James Crawford, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth y Kate Parlett.

Las audiencias se celebraron en el Palacio de la Paz en La Haya, del 14 al 17 de octubre de 2013.