El Convenio ofrece un foro para la cooperación y el diálogo político entre sus partes. Los Estados tienen la posibilidad de acceder a fondos para la financiación de proyectos, así como  cooperación para el intercambio de buenas prácticas, como es el caso del Pago por Servicios Ambientales, ideado y puesto en práctica por Costa Rica a partir de 1979.

Dentro de los mecanismos cuya creación promueve el Tratado, se encuentran los “eco-certificados”, un instrumento que pueden desempeñar gran importancia en el fomento del consumo responsable de las maderas tropicales. El Convenio prevé, así mismo, un fondo para la lucha contra la tala clandestina.

De las 5.106.000 hectáreas del territorio continental de Costa Rica, cerca del 70% están constituidas por tierras con aptitud forestal.