En su resolución, N° 2013-13228, la Sala consideró, entre otras cosas,  que  el Ministerio no ha actuado de manera eficaz -sea con esa u otra solución- para asegurar que los amparados reciban la educación que el Estado está obligado a brindarles. Asimismo, considera el alto Tribunal, que la decisión del Ministerio de no aprobar lo solicitado y de no ofrecer una solución alterna viable, lesiona sus derechos a la educación y a la igualdad.

Para la Defensoría de los Habitantes esta resolución de la Sala Constitucional viene a significar una oportunidad educativa trascendental para las y los jóvenes con discapacidad de Santa Elena.
 
“Estamos muy satisfechos con la resolución de la Sala IV, hemos venido señalándole al MEP que limitar el acceso a la educación de estos jóvenes  transgrede y lesiona abiertamente  sus derechos, ampliamente resguardados por instrumentos internacionales como la Convención sobre los derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, dijo Luis Fallas Acosta, Defensor Adjunto de los Habitantes.

La  Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de esta resolución por parte del Ministerio de Educación Pública.

Cabe destacar que esta es la segunda oportunidad en que la Sala IV declara con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría para que se garantice el acceso a la educación de personas con discapacidad; el primer caso se presentó en la escuela Salustio Camacho de Zarcero.