Sociedad Civil. Erosionó la confianza al proceso de sufragio libre, justo, trasparente, universal y directo, y ha influido gravemente en la credibilidad del Voto, como expresión de la voluntad popular, fuente de legitimidad y expresión de la Soberanía Popular. Rompió la esencia de la división y balance de poderes, donde el Soberano delega su poder en representantes libremente electos. Pese a las Prohibiciones Constitucionales Taxativas y las Obligaciones Patrióticas y Nacionalistas entregó una Concesión Canalera, lesionando la Soberanía Nacional, La Integridad Territorial y La Dignidad Nacional, en un acto que sólo puede calificarse de ALTA TRAICION A LA PATRIA.

El pasado 31 de Octubre, Daniel Ortega presentó una propuesta de reformas a la Constitución Política a través una bancada espuria, ya que la misma procede del fraude impuesto en el 2011.  Las reformas planteadas son un cambio total y profundo al fondo y contenido fundamental de la Carta Magna, Interrumpiendo la transición y consolidación democrática, Incumpliendo los acuerdos de Esquipulas, los Acuerdos de Paz y Cese del Conflicto Armado para la Desmovilización y lograr el balance razonable de Fuerzas y estabilidad del Área Centroamericana.


den además, legitimar todos los abusos, atropellos e ilegalidades cometidas desde que Ortega asumió el poder en el año 2007.

Las reformas plantean solamente las necesidades políticas del régimen y no abordan la problemática de la nación. Militarizar el estado no reduce la pobreza, no genera empleos productivos, no reduce la informalidad, tampoco incrementa la producción y la productividad del país, mucho menos fortalece la institucionalidad y el estado de derecho en Nicaragua. Las reformas son altamente disociadoras e introducen elementos de control, intromisión y vigilancia, propios de países con modelos políticos totalitarios y se pretende transformar las costumbres y creencias religiosas de los nicaragüenses.

Hace tres años advertimos y denunciamos las consecuencias de la ruptura del orden constitucional. Ahora vemos con profunda preocupación, como en el norte del país nuevamente suenan los tambores de la guerra, que inexorablemente nos aproxima a otro ciclo de violencia que todos conocemos perfectamente. Una vez más, la obcecación de un dictador nos pone en el camino equivocado e incita al conflicto armado que se profundiza cada día. La aparición de grupos armados motivados por razones políticas, entre ellas la falta de cedulación, padrón amañado y demás mecanismos de los fraudes electorales, la persecución y exclusión política, el control de los CPC, la represión policial, partidaria y paraestatal a quienes no están con el gobierno, son una trágica consecuencia de lo que denunciamos.

La militarización del estado como conclusión del proceso de cooptación del ejército iniciado desde antes del 2007, pretende sellar con un compromiso de orden jurídico y legal, la subordinación única y directa al proyecto dictatorial. A 19 años del inicio de la institucionalización y profesionalización del Ejército Nacional, estamos ante un nuevo proceso de readecuación de los conceptos de Defensa y Soberanía, regresando a las tesis de las políticas de Seguridad Nacional de los años Ochenta. A Fines del 2010, en esa dirección, ordenó la influencia política y deliberativa de la Comandancia y Altos Mandos militares en La Asamblea Nacional, para imponer Las Tres leyes militaristas que iniciaron este proceso. La violación flagrante a la orden constitucional de No deliberar, ni asumir posiciones políticas, como ya lo hicieron por orden del Comandante en Jefe, desvirtúa su carácter profesional, nacional y apartidario, avalando graves violaciones e ilícitos que están expuestos en la actual Constitución Política y que son propuestos en LA CONTRAREFORMA. El Dictador y los altos mandos están conduciendo al Ejército Nacional a una suerte de Suicidio Institucional y Profesional, deslegitimando sus raíces patrióticas, nacionalistas y de dignidad histórica.

El redimensionamiento del EN por la vía del reequipamiento militar, su readecuación técnica y doctrinaria, la transformación de los papeles y misiones, convertirían al cuerpo armado en instrumento partidario de dominio nacional, que junto a asesores militares, políticos e ideológicos de los viejos y nuevos aliados del campo socialista, Cuba, Venezuela, China y Rusia, nos involucrarían en las tensiones geo-políticas internacionales, utilizando como pretexto el proyecto canalero. Otro riesgo es el crecimiento del ejército y el uso de Milicias para crear un cuerpo paralelo, donde contingentes juveniles enmascaren un nuevo SMP.

Desde la perspectiva de los más importantes grupos sociales, políticos y económicos que se han pronunciado y desde nuestra propia visión, las actuales reformas han concitado el rechazo y el criterio unánime que no son una necesidad de la nación, por lo que consideramos, que en estos momentos negociar es legitimar las pretensiones del régimen. Con 63 diputados, el orteguismo solo necesita la cooperación necesaria de la bancada de oposición para legitimarse dentro y fuera del país, dando una apariencia de respaldo y discusión democrática. En el escenario actual, lo único que cabe es mantener posiciones patrióticas, dignas y decorosas. La sola presencia de los diputados en el hemiciclo el día de la discusión, ya no digamos votar en contra, justificaría las pretensiones de legalidad de lo actuado.

Ante las reformas constitucionales del orteguismo, la única respuesta posible es el fortalecimiento de una oposición coherente. En estos momentos se hace necesario un cambio de mentalidad en los partidos y organizaciones políticas. Reafirmamos que en este momento lo que cabe no son reformas constitucionales, sino cumplir con la Constitución Política actual. Existen muchas ideas del país que queremos y necesitamos, pero hay poca coherencia entre el discurso y la práctica. Al igual que con el atraco canalero, nuevamente la torpeza del régimen nos da otra oportunidad de levantar las banderas de la unidad. La unidad de todos los sectores de la nación que queremos, que exigimos, un país para todos.