Exigimos que el nuevo gobierno incluya la perspectiva de discapacidad en los Planes Nacionales de Desarrollo, así como la implementación y ejecución de políticas públicas y acciones afirmativas que equiparen nuestras necesidades y demandas con el nivel de vida que disfrutan las personas que no tienen ninguna condición de discapacidad.

Que dentro de esa agenda de desarrollo inclusivo se priorice las demandas y reivindicaciones planteadas por el Movimiento Social de Personas con Discapacidad en el Pliego de Diez Puntos que se negoció desde la Administración del Dr. Abel Pacheco y aún no ha sido cumplido (ver documento adjunto).

2. Demandamos el Cumplimiento Efectivo de la Legislación Vigente sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Nuestro país aprobó desde el año 1996 la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. También contamos con la Ley 7092 “Incentivos para la Producción del Empleo de Personas con Discapacidad” entre otras normas jurídicas. Sin embargo, todas ellas se han estado quedando en el papel y luego de casi 18 años de la promulgación de la Ley 7600 nosotros declaramos categóricamente que “sigue siendo más lo pendiente que lo cumplido” y que el Estado es quien más nos ha quedado en deuda.

De igual forma, Costa Rica es signataria de dos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos de las personas con discapacidad y ninguno de ellos se ha cumplido. El primero es la Convención Interamericana sobre toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA. El segundo tratado es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluyendo su Protocolo Facultativo.

Ambos instrumentos son muy claros al señalar que es el Estado costarricense el responsable directo de garantizar nuestros derechos fundamentales: Derecho a la vida, a una educación inclusiva, al trabajo decente, a la vida independiente en comunidad, a la movilidad y el transporte público, el acceso a la información, acceso a la justicia, al deporte y la recreación, entre otros.

Hasta la fecha no hemos visto ningún sincero interés de los gobiernos por poner en práctica los compromisos y obligaciones en materia de discapacidad estipuladas tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales citados anteriormente. Por eso demandamos con carácter de urgencia que el nuevo gobierno haga respetar toda la legislación vigente, que aplique sin dilación las sanciones a quién intente violar nuestros derechos y que traduzca cada una de las obligaciones y compromisos que le corresponden en acciones y programas concretos, dotados de presupuesto y de mecanismos de control y evaluación.

Con base en los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica, solicitamos que nuestros nuevos gobernantes inicien de una vez por todas el proceso de estudio y homologación de las leyes nacionales, con el fin de ajustarlas a los tratados internacionales sobre discapacidad, ratificados por la Asamblea Legislativa y que se nos participe activamente de este proceso de homologación.

En particular que se priorice la puesta en práctica del Artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada mediante la ley 8661, con el fin de que se establezcan las instancias de monitoreo y control allí descritas, con el fin de medir la aplicación y el cumplimiento efectivo de nuestros derechos humanos, establecidos en dicho tratado internacional.

En suma, no queremos más promesas ni más propuestas asistencialistas. Simplemente queremos que el nuevo gobierno cumpla y haga cumplir lo que ya está claramente estipulado en nuestra legislación sobre discapacidad y derechos humanos.

3. Demandamos que nos dejen ver como ciudadanos de segunda o tercera categoría y que nos tomen en cuenta. No queremos que decidan por nosotros sin consultarnos primero. Tanto el articulo 13de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades como las dos convenciones internacionales de derechos humanos, ratificadas por nuestro país, legitiman nuestro derechos a ser tomados en cuenta en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y planes nacionales de desarrollo.

Exigimos que quienes asuman el poder, tanto en el Poder Ejecutivo, así como el Legislativo y el Judicial, reconozcan que somos personas dignas con ciudadanía, que no merecemos lástima si no el respeto de nuestros derechos, entre ellos el derecho a la autodeterminación y a ser tomados en cuenta en todos los asuntos que nos atañen

Tenemos la suficiente capacidad moral y legal para exigir que nos tomen en cuenta en la toma de decisiones que nos afecten directamente e indirectamente. Las Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad, como parte de la sociedad civil organizada, esperamos que la nueva administración honre este principio de consulta obligatoria. Seremos muy celosos en vigilar que este derecho sea respetado y de no cumplirse, ejecutaremos las acciones legales correspondientes con base en la legislación nacional.

El Movimiento Social de Personas con Discapacidad confía en que quienes lleguen a ocupar el poder durante los próximos cuatro años pasen de una vez por todas del papel a la práctica y trabajen en la construcción de una sociedad costarricense más inclusiva y accesible, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, sin importar si se tienen alguna condición de discapacidad.

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*Profesora Ligia Araya Díaz, coordinadora de Información de las organizaciones de Personas con Discapacidad (COINDIS)

Olman Chinchilla Hernández, Secretaría FEREPRODIS Pdte. C.M.T.C.

Dennis Cabezas Badilla, Fiscal C.M.T.C.