Tuve el honor de ser uno de los ocho primeros auxiliares de investigación nombrados por la Corte Plena y culminar la carrera siendo el Director General. Como primer grupo designado nos correspondió innovar toda la tramitología investigativa y la conformación de los primeros perfiles de los futuros agentes; éramos jóvenes bachilleres de secundaria, sin gran experiencia en la materia aunque algunos teníamos conocimientos por habernos desempeñado en la policía uniformada, en investigación policial y como jefes de esos grupos uniformados.

Se nos preparó con entrenamiento antes del ingreso al OIJ lo mismo que después del nombramiento; tuvimos la oportunidad de recibir conocimientos de experimentados profesionales de Costa Rica y del extranjero.

Recuerdo las exquisitas conferencias impartidas, entre otros, por el destacado periodista y uno de los más críticos de los errores judiciales y autor del libro “El crimen de Colima”, el LIC. ENRIQUE VENAVIDES, de grata memoria, quien nos indicaba en ellas, la clase de policía de investigación que él concebía como profesional y conocedor del derecho y fundamentalmente respetuoso de la persona humana; sin tortura, sin maltrato del sospechoso para extraerle declaraciones forzadas o implantar ilegalmente la prueba inculpatoria. Don Enrique, quería que se investigara para detener y jamás detener para investigar.

La institución, a pesar de los errores que registra la historia, ha mantenido un protagonismo significativo en el mundo de la averiguación de los delitos con buen suceso y ha guardado una disciplina interna rigurosa, principalmente porque no se ha permitido el abuso y se ha sancionado a quienes han vulnerado la normativa.

Considero que cuatro décadas ya es un buen tiempo para perfeccionar sus labores, siempre en resguardo de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, sean estos sospechosos, víctimas, testigos o colaboradores. Quienes hoy desempeñan aquellas importantes funciones de averiguar delitos, obtener prueba idónea e identificar a los presuntos responsables, deben saber que antes de la creación del OIJ se utilizó el chuzo eléctrico, la tortura, implante de prueba ilegal y el escondite de los sospechosos, así como el rapar a los peludos de la época denominados “hippies”; prácticas que deben haber desaparecido, sin embargo, todos estamos obligados a vigilar para que no se repitan con el oscuro propósito de resolver, irregularmente, un caso específico.

Saludo con afecto a quienes hicieron posible la creación, mantenimiento y el progreso de esta institución que nos permitió aportar nuestro concurso y esfuerzos. Como es lógico suponer, los pasajes y anécdotas que vive un investigador son múltiples y de la más variada condición. Perseguir a un delincuente, es riesgoso para la integridad física del policía y hasta para su propia vida. Varios de estos abnegados profesionales han sufrido lesiones y hasta la muerte en cumplimiento de su deber.

Colgando de los picos de las rocas, salientes de un acantilado en las márgenes del Río Virilla, perseguíamos una noche a un individuo conocido en el bajo mundo como “Zorro e’ leña.” Con la 45 en la mano izquierda y sosteniéndome con la derecha, me encontré de frente con el perseguido y, como una acción instintiva, me apuntó y disparó todos los tiros de su revólver, yo hice lo mismo y ambos quedamos desarmados pero sin un aruño por aquella razón. Al ruido de los disparos, otros compañeros se descolgaron por el peligroso precipicio y, con mucha dificultad, lo esposamos y detuvimos en condiciones bastante singulares como eran la oscuridad y el peligro de caer todos en una pronunciada pendiente de más de 75 metros.

Fui subalterno de EDUARDO AGUILAR BLOISE, RODRIGO ARAYA PACHECO Y MANUEL ALVARADO BLANCO, quienes ya partieron de este mundo pero dejaron en mí recuerdos imborrables por sus enseñanzas, su caballerosidad, honorabilidad, rectitud en su actuar y sobre todo por el ejemplo y la sabiduría con que condujeron la dirección de la institución.

Deseo mucha suerte a los actuales y futuros funcionarios porque de ellos depende, en gran medida, la seguridad de nuestra población y la garantía de la justa aplicación del derecho para sostén del sistema democrático de Costa Rica en paz y libertad.