Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los ya existentes como razón para cancelar su ayuda.

El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los programas firmados, llamandolós “poco transparentes”. Incluso fue más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los medios, el mandatario boliviano había afirmado que "se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado".

Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos.

Quedan algunas preguntas: ¿Hasta que punto se pueden llegar a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden las ONG´s y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?

Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos de la Alianza del Pacífico.

---

Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación