Que la corrupción, tanto pública como privada (con ropaje legal ó sin él), es un grave problema nacional, ¡clarísimo! Que la violencia en todas sus manifestaciones y modalidades (criminal, doméstica, de género, económica), es otro grave problema nacional, ¡sin duda alguna! Que la penetración del narcotráfico en todo el tejido social, “por arriba” y por abajo”, es también otro problema nacional, ¡espeluznante realidad!

Sin embargo, es el crecimiento de la desigualdad el alimento, lo que potencia de una u otra manera, a cada uno de los tres grandes problemas nacionales indicados en el párrafo anterior.

La gente desesperada por el deterioro de su calidad de vida, por el estrujamiento económico, porque no tiene empleo o porque si lo tiene éste es precario, porque tiene hambre; está siendo  tentada para “escoger” alguna de estas tres “opciones” de sobrevivencia que nos da el “mercado neoliberal”: se ha de dedicar a negocios turbios cayendo en corrupción de todo tipo; ha de robar, asaltar y matar; ha de meterse al narco para obtener dinero fácil y rápido, aunque ello le cueste la cárcel o la vida.

Vistas así las cosas y desde una perspectiva de lucha social-laboral, empezar a combatir tales flagelos que atentan contra la humanidad de las personas en situación de “desgracia”; es estratégico tomar medidas para combatir la base de tales males: la desigualdad y su crecimiento sistemático en nuestra sociedad. Por tanto, al menos en nuestro propio caso, esta guía laboral mínima nos ha de ayudar a definir el voto presidencial de segunda ronda.

PRIMERO: Las medidas de corte estructural que cada candidato propone en la línea de una (así en mayúscula), Transformación Tributaria Estructural, para que nuestro sistema de impuestos pase a ser progresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que más tienen) y deje de ser regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen). Con este objetivo,  por ejemplo, se puede declarar “emergencia nacional” el combate a la evasión y a la elusión tributarias; establecer un impuesto (al menos transitorio) a las transacciones financieras luego de cierto monto para gravar los gigantes movimientos de capital del día a día; y/o, revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones para bajar del 6% PIB (que representan ahora), a la mitad, 3%.

SEGUNDO: Para la clase trabajadora, con empleo formal ó sin él, para el pueblo ciudadano, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es la vida; la Caja es como el aire que respiramos pues sin ella no podemos vivir “los y las de abajo” (incluidos “los de en medio”). ¿Cuál de los dos aspirantes “agarrará el toro por los cuernos” y combatirá con firmeza los tres grandes conflictos de interés que están matando a la Caja: el gremialismo corporativista de naturaleza excesiva y egoísta; el del negocio privado de la salud que se desarrolla en su seno para el mero lucro mercantil; y el de orden politiquero-electoralista que, por ejemplo, está dejando en total impunidad a los responsables de la crisis financiera de la CCSS, premiándoles con prórrogas de nombramiento en altísimos cargos de jugosos salarios.

TERCERO: En términos redondos, solamente 4 de 10 trabajadores asalariados reciben pleno respeto a sus derechos laborales fundamentales consagrados en nuestro Código de Trabajo. A la inversa, hay 6 trabajadores a los cuales, al menos uno de esos derechos les es violentado en el día a día laboral y no pueden defenderse ni mucho menos protestar. Hay una ley de la República que ayudará a corregir tantas y graves injusticias contra el trabajador; ley ya votada por este parlamento saliente pero que, cruel y malsanamente, la Presidenta Chinchilla vetó: la Reforma Procesal Laboral (RPL). Pensamos que el voto hay que dárselo al que diga, “sin pelos en la lengua” y sin rodeos de ninguna naturaleza, que apenas sea Presidente, retirará ese veto y, entonces la RPL será ley de vida propia.

CUARTO: Una ruta clara a seguir por el nuevo presidente durante su período gubernativo para definir, estructuralmente hablando, una elevación sustancial de carácter extraordinario, del actual nivel de los salarios mínimos para la clase trabajadora del sector privado; de modo tal que al 2018 se pudiera estar de cerca a su duplicación, con lo cual se ha de incrementar el nivel de compra de los mismos, se reactivará sustancialmente la producción y el mercado interno; y se mejorará la calidad de vida de miles de familias trabajadoras que están sumidas en la pobreza porque con salarios de 300 mil colones al mes, o menos, es imposible una vida con algo de dignidad. Y, además, que se establezca que los reajustes semestrales por costo de vida deben siempre aplicarse aunque el salario esté por encima del mínimo de ley.

Revisaremos lo que al efecto hayan estado planteando los señores Solís y Araya. Éste ya nos habla de “rectificaciones” que, de seguro, tiene que ver con lo que su partido ha dejado de hacer en los cuatro ámbitos mencionados como para que hoy tengamos el deshonroso lugar de ser el país “líder” de la América Latina en crecimiento de la desigualdad. ¿Qué clase de “rectificaciones” son las que el señor Araya deberá proponer como para que le crean? Por su parte, el señor Solís deberá ser todavía más contundente y profundamente convincente para diferenciarse de una “rectificación”; porque de lo que se trata es no reproducir ese peligroso camino de la profundización de la brecha social en la otrora Costa Rica de la inclusión y la movilidad sociales.

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*  Albino Vargas Barrantes: Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Central Social Juanito Mora Porras.