lación mediática internacional que ha sido denunciada por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

Con respecto al señalamiento del portavoz Colville, según el cual “(…) a algunos manifestantes, entre ellos menores de edad se les niega el contacto con familiares o abogados”, el gobierno venezolano dejo claro que esta afirmación “es totalmente temeraria, sesgada y falsa”.

Venezuela también cuestionó las acusaciones de Colville en cuanto a que ha recibido “(…) informes preocupantes de intimidación de periodistas, algunos de los cuales han tenido sus equipos incautados, así como los informes de que algunos periodistas locales e internacionales fueron atacados mientras cubrían las protestas”.

Al respecto, Venezuela  destacó que existen fotografías, videos y  declaraciones de prensa sobre los ataques y agresiones sufridos por varios profesionales de la comunicación, a manos de los grupos violentos de la oposición, que efectuaron actos de amenazas a la integridad física de periodistas y camarógrafos, en ningún caso imputables a los agentes de la fuerza pública venezolana.

Para el Gobierno venezolano llama la atención que Colville no haya mencionado, en sus declaraciones, el hostigamiento sistemático y los hechos de violencia a los que ha sido sometida durante días la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobierno venezolano puntualizó que ha actuado democráticamente, acorde con la Constitución y las leyes, para proteger los bienes, el libre tránsito y la integridad física de la ciudadanía, como garante de la paz y la seguridad nacional.

Asimismo, Venezuela expresó que continuará ejerciendo todas las acciones necesarias que, dentro del marco de la Constitución y Tratados Internacionales, para garantizar la estabilidad social, la paz pública, la integridad, independencia y la soberanía nacional, conjurando, así, la agenda de violencia promovida por agentes internos y externos.