ciera y administrativamente el Poder Judicial; administrar todos los recursos financieros y humanos de ese poder del Estado.

De igual manera es su atribución nombrar y remover magistrados de cortes de apelaciones y jueces; evaluar a los funcionarios de la carrera judicial, ejercer el régimen disciplinario de los funcionarios judiciales.

Todo esto al tenor de la respectiva Ley.

Sin embargo la decisión de los Consejeros (es decir los miembros del Consejo) de hacer un solo paquete con sus salarios y los gastos de representación está siendo vista como una manera no muy apropiada de aumentarse su jugoso salario mensual de 115 mil lempiras con los 40 mil lempiras considerados “gastos de representación”.

En el seno del Congreso Nacional un diputado intentó  frenar dicha acción y aunque algunos legisladores estuvieron de acuerdo con la intención, otros no lo estuvieron.

Una extensa explicación de la teoría de la separación de poderes del Estado, sirvió para que no se sometiese a discusión la propuesta y se desvió el intento del diputado mocionante hacia una “preparación de un proyecto de ley”.

Mientras esto ocurre no sorprende que se señale la decisión de los Consejeros como una “acción de aprovechamiento” de las circunstancias para aumentarse el sueldo con propósitos encaminados a disfrutar en el futuro de canonjías que permite la jubilación, derecho que obviamente se calcula en base a los salarios y no a gastos de representación.

Sabiéndose de sobra la calamitosa situación económica del país, suenan realmente grosero un incremento de 40 mil lempiras.

El abogado Teodoro Bonilla, uno de los Consejeros, en declaraciones a la prensa comentó que “decidieron pasar los gastos de representación a su salario para evitar reparos del Tribunal Superior de Cuentas y para no evadir el fisco”.

Señaló que antes recibían esos “gastos de representación” (49 mil lempiras para el presidente de la CSJ y 40 mil lempiras para el vicepresidente y consejeros del Consejo de la Judicatura) sin que estos pagaran impuestos, por lo que ahora, como parte de sus salarios, si tendrán que pagar sobre ese monto.

Esta justificación sin duda huele a una maniobra para “evadir cualquier responsabilidad ante el Tribunal Superior de Cuentas”, quedando la sensación que los integrantes del Consejo de la Judicatura en algún momento se sintieron al margen de la ley y expuestos a una acción del ente ya mencionado.

Debe señalarse que en la entrevista ofrecida por el profesional del derecho se reveló que esos “gastos de representación” no han sido liquidables.

Es decir que no deben dar cuenta de cómo se gasta ese dinero, que en teoría es concedido a los funcionarios de alto rango para que cubran gastos adicionales producto de su investidura, lo que puede incluir recepciones, regalos para visitantes, gastos de movilización y hospedaje, entre otros.

Por asuntos de transparencia y honorabilidad, se considera que dichos gastos deben ser liquidados y el funcionario devuelva lo que no gaste de dichos fondos porque no hubo necesidad de hacerlo.

Ahora al desaparecer como gastos de representación y formar parte del todo de su sueldo, podrán hacer con ese dinero lo que les venga en gana porque es su salario.

De esta manera la desazón nos embarga y nos queda el saborcito de la “viveza burocrática” en la boca y esto nos resulta como el infaltable pelo en la sopa.

La creación del Consejo de la judicatura nos pareció excelente. Sus atribuciones las adecuadas.

Pero al tomar esta decisión, que es administrativa y puede entenderse como parte de sus atribuciones, se da una especie de paradoja. Estamos deseando la adecentación de nuestro sistema judicial, pero esta maniobra nos parece dolosa.

Y de esta manera se nos amargan las esperanzas y la percepción de que vamos por buen camino.

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*  Carlos Jeremías Girón Rivera. Periodista. Miembro del Colegio de Periodistas de Honduras. (carlosjeremiasg@hotmail.com | www.facebook.com/carlosjeremiasgironr)