Yolanda Acuña Castro, diputada del PAC, enumeró ante el Plenario Legislativo los principales cuestionamientos que pesan sobre el proceso. En primer lugar la selección de los candidatos no se dio con apego a la Ley No 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Una certificación del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional indica que la Junta Administrativa del Registro habría nombrado tres miembros propietarios y tres suplentes, sin tener competencia legal para hacerlo, vulnerando la legalidad y legitimidad del Tribunal Registral Administrativo.

Además el nombramiento de dos personas -como propietarias- que no cuentan con carrera profesional en el área temática, y vinculadas con el Ministro de Justicia y la Fracción de Liberación Nacional, fue sometido a ratificación. El sesgo político en la escogencia contraviene la Ley No 8039, que señala: “los miembros de este Tribunal deberán tener amplia experiencia en materia registral (…) y ser personas que, por sus antecedentes y comprobada competencia en la materia, garanticen imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones”.

La diputada Acuña Castro manifestó su preocupación por los vicios presentados en el proceso de nombramiento. “Esta situación genera impunidad y es una pésima señal sobre la transparencia en la función pública y el funcionamiento del Estado costarricense. El Ministerio de Justicia debe ser garante del principio de legalidad y debido proceso.”, señaló la legisladora del PAC.

La negativa del Congreso obliga al Ministerio de Justicia a iniciar, en sede administrativa, un nuevo proceso de reclutamiento y selección. Los actuales miembros del Tribunal Registral Administrativo, continuarán actuando bajo la dudosa figura del “funcionario de hecho”.