En ese mismo año, en el mes de abril, llegó al país el más grande de los narcotraficantes mexicanos, Rafael Caro Quintero, recientemente liberado del centro de detención donde guardaba prisión. La presencia de Caro Quintero no sucedió por azar, venía bien recomendado con la idea de que en este país había mucha gente dispuesta a colaborar en su organización. A tal punto que el capo de la narco mafia declaró en una ocasión que él podía asumir el pago de la deuda política de Costa Rica.

    Por eso, esa fecha marca un antes y un después en la vida política nacional, ya que después de extraditar de manera muy sospechosa al  “zar de la drogas”, se extravió una libreta con 68 contactos de números telefónicos nacionales, y ya en la vida política se firman los programas de Ajuste estructural que eran como entregar la soberanía nacional al poder de los organismos financieros internacionales. (Nunca se profundizó la investigación. Otro caso de impunidad)

    Pero en esos años se aceleraron los delitos de corrupción que involucraron a las máximas autoridades políticas de Costa Rica, incluidos tres de los presidentes de la república; funcionarios judiciales de alto rango, fiscales y jueces. Los casos Caja- Fischel, donde uno de los  imputados fue el presidente RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN FOURNIER (1990-1994), se puede citar como el caso del primer ex gobernante de nuestro país condenado por corrupción. Es hijo del honorable ex presidente Calderón Guardia. Un juez determinó que entre el 2002 y el 2003, recibió comisiones ilegales por más de medio millón de dólares. Estuvo en una cárcel de alta seguridad, pero apeló su condena y está libre. (Impunidad)

    La Fiscalía General asegura que Miguel Ángel Rodríguez, que ocupó el cargo de presidente de la República entre 1998 y 2002, cobró comisiones de las reaseguradoras del Reino Unido y México; de igual manera se le vinculó al caso ICE_ALCATEL.

    JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN, Costa Rica (1994-1998); hijo de un ex presidente y conocido líder del Partido Liberación Nacional, el ex presidente José Figueres Ferrer, ya fallecido. Al presidente Figueres Olsen se le vinculó con un caso de corrupción con la transnacional Alcatel. Al estallar el escándalo vivía en Suiza, como dirigente del Foro Económico Mundial, y nunca compareció ante la corte. La Fiscalía General de la República, extrañamente nunca lo requirió por la vía internacional (Interpol). Su caso prescribió hace varios años. Los casos Caja Fischel e ICE- ALCATEL,  llevaron a altas autoridades políticas ante los estrados judiciales y algunos fueron condenados con penas de cárcel. (Otra impunidad)

    En la actual administración de la presidente Laura Chinchilla Miranda, se han mencionado varios casos de corrupción muy notables, como el realizar visitas privadas a mandatarios internacionales en un avión propiedad de un empresario involucrado en casos de narcotráfico y uno de los casos más mencionados es la construcción de la ruta que bordea en rio san Juan en la frontera  norte, la Ruta 1856, conocida como la trocha fronteriza, aquí se mencionó a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). La fiscalía nunca profundizó en las investigaciones de estos casos en vía del olvido. (Otra impunidad)

    En el Poder Legislativo, han tenido que levantar la inmunidad parlamentaria para al diputado Angulo para que sea sea juzgado por delitos de corrupción. Y en otros casos si bien no es un delito, si riñe con la ética y la práctica de recibir altos montos salariales, como ha sido denunciado el caso del director del banco Nacional de Costa rica, cuyo salario alcanza los 17.000 millones de colones mensuales; una suma enormemente desproporcionada para un país donde el salario mínimo interprofesional, apenas alcanza la suma de 245.000 colones.

    En el caso de Poder Judicial, un informe del Departamento de Estado de Los Estados Unidos  menciona: “A pesar de las medidas adoptadas para investigar y combatir la corrupción, las instituciones gubernamentales costarricenses, en particular la rama judicial, carecen de adecuados controles internos y procesos para prevenir, detectar e investigar la corrupción de funcionarios públicos”.

    El documento agrega que el Tribunal de la Inspección Judicial es “la agencia encargada de investigar y sancionar la mala conducta en el Poder Judicial”. No obstante, advierte: “A menudo, este Tribunal carece del personal, los recursos y la autoridad para investigar adecuadamente este tipo de casos de corrupción”. (La Nación 15 de marzo 2013)

    El informe cita el caso de dos narcotraficantes mexicanos a quienes una juez les dictó el arresto domiciliario mientras eran investigados. La Corte Plena sancionó a esta funcionaria con una suspensión de un mes. (Otra impunidad donde no se profundizó las investigaciones)

    La corrupción ha sido denunciada en muchas de las esferas públicas, y esto ha hecho que el ciudadano pierda la confianza en sus gobernantes; sin duda la corrupción de cuello blanco se ha convertido en un delito frecuente a toda escala de la administración pública. En unos casos por delitos propios contra los fondos públicos y en otros por la obtención de prebendas y regalías.

    Recuperar la confianza del ciudadano, es ya una tarea inmediata para que nuestra democracia no se desintegre y podamos aspirar a mantener un régimen de derecho que salvaguarde los derechos de esta centenaria y ejemplar democracia.

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*  Dr. Guillermo Carvajal Alvarado: Catedrático en la Universidad de Costa Rica. Estudió Géographie et amémagement du territoire en University of Toulouse II – Le Mirail. Profesor en la Universidad de Costa Rica, en el Truman Institut Israel y en Utah State University. Alcanzó el rango de Catedrático Universitario. Ha publicado numerosos articulos y libros sobre temas sociales de América Central. Vive en San José, Costa Rica y es Gerente Propietario de Editorial y Librería Alma Mater.