San José, 3 de junio de 2014.-  Cada vez que hay que renovar los permisos de atraque de las naves artilladas de la Marina de los Estados Unidos en puertos costarricenses, la Asamblea Legislativa se enfrasca en una discusión de días y semanas entre quienes están a favor y quienes están en contra del atraque.


Estas naves llegan al país bajo un convenio ya firmado por ambos países en relación con la cooperación o actuación conjunta en el combate al narcotráfico, en cuyo caso las naves deberían ser las convencionales guardacostas que no sobrepasan los 50 metros de eslora (longitud entre la proa y la popa) y algunas fragatas clase Oliver Hazard Perry que llegan a tener hasta 136 metros de eslora, requeridas para portar hasta dos helicópteros, generalmente SH-60 Seahawk (para patrullaje marino). Este tipo de naves son normales en el patrullaje costero y alta mar, y por supuesto que deben ser artilladas con ametralladoras generalmente calibre 25 ó 30 milímetros (una en la proa y una en la popa).


Las naves antes mencionadas no son diseñadas, ni tienen la capacidad para una invasión militar ni para enfrascarse en un combate naval (confrontación entre países), son estrictamente para el patrullaje, por lo que no veo que ello nos convierta en un país militarizado o con ejército prestado.


Sin embargo, cuando se gestionó el permiso anterior, hubo testimonio de personas que mencionaban haber visto embarcaciones de mayor capacidad y eslora y con torretas de varias ametralladoras (tipo “destructor”) que las harían ser capaces de involucrarnos, por ejemplo, en una invasión a Nicaragua. En este caso sí se justifica la negativa al atraque de dichas naves en nuestros puertos.