En materia de infraestructura se debe seguir insistiendo en la eliminación de barreras arquitectónicas que impiden o dificultan el ejercicio de la libertad de tránsito. La flota de autobuses debe respetar las normas de accesibilidad, pues reportes de usuarios, afirman que aún existen unidades sin rampas, o éstas se encuentran en mal estado, e incluso indican que los conductores se enojan cuando las personas con discapacidad solicitan su uso, y en este punto, lamentablemente la respuesta del Consejo de Transporte Público es muy lenta y no satisface el interés de la población con discapacidad.

En cuanto al acceso al trabajo si bien es cierto se ha venido promulgando un cuerpo normativo tendiente a elevar el número de personas con discapacidad, el Estado tiene una política de contención en el aumento de la planilla pública, lo que, obviamente repercute en las posibilidad de empleo. Igualmente existen pocas medidas tomadas para incentivar que las personas con discapacidad consigan un trabajo en la empresa privada.

Otra situación que se debe prestar atención es en lo referente a la información pues no se suministra, en muchas ocasiones, en un formato adecuado a sus necesidades en especial para personas con discapacidad visual y auditiva; esta última población se queja que no hay funcionarios(as) suficientes que tengan dominio de la legua de señas.

Igualmente en el acceso a la educación, es necesario que se tomen medidas dirigidas a que las personas con discapacidad puedan permanecer en el sistema educativo y, en materia de servicios de salud, se debe llamar la atención ante la escasez de equipos médicos, instalaciones, mobiliario inadecuado, no disponer de intérpretes de lengua de señas y no contar con información oportuna y accesible.

También es causa de preocupación para la Defensoría de los Habitantes la situación de personas con discapacidad que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria por su propia cuenta y que no tienen apoyo familiar ni comunitario para ello. Si bien el Consejo Nacional de Rehabilitación ha desarrollado el programa de servicios de convivencia familiar para atender esta población, lo cierto es que no cubre toda la demanda pues existen largas listas de espera. La solución no solo es ampliar este tipo de programa sino, se requiere además, de apoyo a las familias para evitar el desarraigo de sus miembros con discapacidad. De ahí la importancia de la promulgación del proyecto de ley de autonomía personal.