Quizá aquí se encuentre el nudo de problema, aparecieron nuevas instituciones privadas, algunas mixtas privadas y públicas, con funciones que ya estaban asignadas, pero las viejas instituciones no fueron eliminadas y se produjo una maraña institucional que complicó el manejo de la  toma de decisiones, implicó que aparecieran nuevos ministerios y gerencias y presidencias ejecutivas, que convirtieron el consejo de gobierno en una reunión extremadamente ineficiente y de ningún carácter de decisión.

De 1985 a la fecha, el gobierno central vive un entrabamiento que impide la gobernabilidad, pero que sobre todo, a socavado el poder del presidente y sus ministros; hoy día muchas Juntas Directivas de instituciones públicas siguen estando copadas por jerarcas salidos de ese modelo de Estado burocrático, amorfo y tecnocrático.

Si se toma el sector energía y se revisa la institucionalidad, se encuentra que por ejemplo, una institución como al Ministerio del Ambiente le han ido sumando nuevas tareas vinculadas a las tecnologías de la comunicación que no estaban en la filosofía inicial, ni en el espíritu de su ley constitutiva y la protección de los espacios que guardaban las bellezas escénicas, las cuales se consideraba importante proteger. Y bueno, el Ministerio del Ambiente es hoy una institución abigarrada, con potestades más amplias, algunas de las cuales le correspondían al Instituto Nacional de Electricidad, como son las telecomunicaciones y la producción de energía.

Hay sectores dentro de la administración que con el afán de restar poder a ciertas instituciones y en aras de la privatización de algunos servicios que brindan esas instituciones, han producido un  mayor caos y una mayor ineficiencia institucional.

De manera que este abigarrado modelo institucional es inmanejable, demasiados archipiélagos de poder que no se amarran a un poder central y a sus directrices.

Por tal razón una de las grandes reformas que nos puede heredar este gobierno es una reforma del aparato estatal y convertirlo en funcional para los tiempos que vivimos, no pueden seguirse dilapidando los recursos del Estado en una duplicidad de instituciones ineficientes que cuestan mucho dinero al erario público y por ende a los ciudadanos.

Y entiéndase que no se habla de hacer más pequeño el Estado, no, para nada, hablamos de convertirlo en un ente rector de las políticas del Poder Ejecutivo; no puede ser que el presidente no tenga ningún poder de decisión en los precios de la canasta básica, que no pueda rebajar el precio de la electricidad, del agua y la telefonía. Se supone que todas las instituciones deben apoyar las propuestas del gobernante y no convertirse en su primer frente de insurgencia.

La verdad que no sé si este haya sido el aprendizaje del presidente en estos 100 días, pero sí estoy convencido de que el futuro de Costa Rica depende en mucho de un poder ejecutivo fortalecido, con un presidente que pueda tomar decisiones. Que quitemos las amarras al presidente y lo dejemos gobernar, solo así sabremos si él estaba capacitado para gobernar. En las condiciones actuales efectivamente no se puede pedir una mayor acción porque hay demasiados obstáculos para poder  implementar nuevas visiones de un gobierno más expedito.

---

*  Dr. Guillermo Carvajal Alvarado: Catedrático en la Universidad de Costa Rica. Estudió Géographie et amémagement du territoire en University of Toulouse II – Le Mirail. Profesor en la Universidad de Costa Rica, en el Truman Institut Israel y en Utah State University. Alcanzó el rango de Catedrático Universitario. Ha publicado numerosos articulos y libros sobre temas sociales de América Central. Vive en San José, Costa Rica y es Gerente Propietario de Editorial y Librería Alma Mater.