Además, otros sitios permiten confeccionar genealogías partiendo de portales universales de información.  Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Y entonces dónde está la libertad privada, el principio de tener una vida íntima?  

Si el Ministerio de Hacienda quiere imponer nuevos impuestos, que lo haga, pero sin divulgar los datos, que proceda con los que cuenta de los diferentes regímenes de pensiones y proceda a establecer las tasas impositivas según sean los ingresos de la personas investigadas. Pero hay una diferencia entre utilizarlos privadamente y hacer público el listado de profesionales con el monto correspondiente de jubilaciones.  

La confidencialidad de la información es fundamental para salvaguardar la seguridad jurídica de las personas; guardar su protección ante grupos organizados que pueden con esta información afectar y arriesgar la vida de las personas sobre las que sabemos su información.

En esto ha habido una irresponsabilidad (con el cuento del “Gobierno Digital”) en el manejo de nuestra información privada, y no es que estemos diciendo que no deba hacerse, si se hace que se haga por la vía privada con el debido respeto  y sin que los nombres deban aparecer en los medios de mayor circulación o como sucedió recientemente que se exhiban los montos de las jubilaciones de más de 5.000 educadores.

En este sentido proponemos como medida que salvaguarde la seguridad de la información confidencial de cada individuo, que esos datos sean accesibles solo al interesado, que no sean publicadas listas de ingresos, ni altos, ni  medios ni bajos, que esa información se maneje con toda las garantías para el individuo que no ponga en peligro su seguridad y mucho menos la de su familia.

Una comisión que se llamé “Informática y Seguridad” debería velar por los derechos ciudadanos  y establecer las sanciones a las personas y a las instituciones que hagan un uso abusivo de la información de una persona física y jurídica.

La seguridad es un principio constitucional que compete a los poderes del estado con la salvaguarda de muchos datos que en manos inescrupulosas puedan poner en peligro la vida un ciudadano por una banda criminal organizada.

Se requiere de inmediato redactar un proyecto de ley que garantice que estos atropellos contra la integridad personal no deban darse al público y que todo ciudadano no sienta inseguridad y peligro.

Ya he conocido informaciones de personas que han sido víctimas de asalto y tentativas de asesinato porque sencillamente sus nombres aparecieron en listas donde se señalaban sus ingresos.  Con los ingresos y el número de cédula puedo entonces muy fácilmente localizar la persona y eso nos vuelve a todos extremadamente vulnerables.