Ciertamente, tal y como lo menciona la Diputada Ligia Fallas, es que “sus trabajadores especializados ganan menos de la mitad de lo que ganan en otros puertos de gran escala. Contrario al decir de la prensa JAPDEVA solo detiene labores 2 veces al año (asamblea anual de sindicato y 1 de mayo)”. Si agregamos a esto el costo por contenedor que se le autorizó a APM Terminals de $223 (dólares), nos convertiremos en uno de los puertos más caros del área y quizás las naves lleguen a preferir redirigirse hacia Panamá o Nicaragua.

“JAPDEVA invierte sus ganancias en Puerto Limón y es el único que lo hace con calles, escuelas, clínicas, etc.”, afirma la diputada Fallas. Es decir, las utilidades generadas se quedan en el país, contrariamente a la fuga de capital que existirá con las operaciones portuarias a cargo de APM Terminals, cuyas utilidades irán a parar a Holanda o a algún banco en Suiza.

Por otra parte está el problema de impacto ambiental, que hasta este momento APM Terminals no ha podido cumplir, como lo afirman el geólogo y ex secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Allan Astorga, junto al abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la Federación Ecologista (Fecón).

Empresas costarricenses se encuentran trabajando en la ampliación del canal de Panamá. Paralelamente, Costa Rica entrega a una transnacional y por 50 años el monopolio del desembarco de contenedores en el puerto de Moin, Limón, a cambio de una obra que perfectamente pudo ser realizada por empresas nacionales sin empeñar al país y afectar a familias costarricenses.