bientales, comenzando nada menos que por el Dr. Jaime Incer Barquero, asesor presidencial y reconocida autoridad en la materia, quien dijo que si bien el tiburón de agua dulce había disminuido considerablemente en el Gran Lago y los ríos que lo conectan con el Mar Caribe, no era cierto que se hubiera extinguido totalmente. Sostuvo el Dr. Incer que la especie en cuestión todavía puede encontrarse en la cuenca del Cocibolca, aunque de un tamaño mucho menor, y que tomará años lograr que se restablezca el equilibrio anteriormente existente.

    Otros profesionales, entre ellos la Sra. Ruth Selma Herrera, anterior dirigente de ENACAL, señaló que las aguas del Cocibolca, debidamente tratadas mediante un proceso de descontaminación, abastecen actualmente a ciudades como Juigalpa y otras localidades de Chontales, así como del departamento de Rivas. Otros técnicos hicieron ver que el Lago Cocibolca constituye la mayor reserva de agua potable de Centroamérica, la que se vería irremediablemente comprometida de llevarse a cabo la construcción del canal interoceánico.

    A estas críticas se sumó recientemente una resolución de la Asociación para la Conservación Biológica Tropical (Association for Tropical Biology Conservation, ATBC por sus siglas en inglés), que señala las consecuencias sociales y ambientales que el mencionado proyecto tendrá no sólo en Nicaragua y Centroamérica, sino también a escala planetaria.

    A todos estos reproches el gobierno, a través de su vocera oficial y otras personas identificadas con el frentismo, ha respondido que se trata de una campaña orquestada por los enemigos de Nicaragua, que por falta de visión y patriotismo se oponen al gran futuro que aguarda a la nación. Sin embargo, la obstinación de las autoridades parece esconder oscuros intereses personales de quienes esperan lucrarse en una nebulosa y perniciosa operación que significará y entrañará, según la opinión de expertos ecologistas y ambientalistas,  justamente la ruina futura y certera de Nicaragua.

    En realidad, hay demasiadas cosas turbias en este negocio canalero. Para comenzar, un proyecto de esta envergadura requiere, previo a su aprobación por la Asamblea Nacional, de estudios serios de prefactibilidad y factibilidad respecto de los impactos biológicos, económicos, ambientales, ecológicos y de otra índole. Una vez cumplida esta etapa, debería presentarse el proyecto completo indicando el costo real de la obra, fuentes de financiamiento, garantía de ejecución e indemnización a quienes resultaren perjudicados por el trazado de la ruta o rutas escogidas.  Además, es inconcebible que un megaproyecto de esa magnitud no haya sido sometido a licitación pública, abierta a cualquier inversionista, en que el gobierno adjudica el proyecto a quien presente la mejor oferta. Si este requisito legal se observa en casos de obras mucho menores, con mayor razón tratándose de una inversión que supera —antes de su inicio— la astronómica suma de 40.000 millones de dólares.


derando que la proximidad del Canal de Panamá —en vías de ampliación y modernización— no justifica incurrir en gastos exponenciales como los que anuncia la empresa concesionaria HKND. Habida cuenta que la longitud del Canal de Panamá es de 82 km, en comparación con los 278 km de la proyectada vía por Nicaragua, es de suponer que a mayor recorrido y extensión correspondan gastos y tarifas muy superiores para los usuarios.

    Todas estas consideraciones hacen pensar que el gran canal por Nicaragua es un fantasioso cuento chino. Pero si en mala hora el proyecto llegara a cuajar, ya se pueden ir preparando los tiburones para su extinción definitiva, ya que posteriormente seguiremos todos los nicaragüenses.

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*  El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en chile.