De los muchos ejemplos, citó el caso del trabajo esclavo infantil en la industria de la vestimenta, que fue denunciado por el TPP “con el fin de reforzar los controles y la vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.

“Lo que se podía hacer se está haciendo… con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas… para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, destacó Tognoni.

Los procesos internacionales rara vez son rápidos, señaló. La sentencia de la antigua Yugoslavia “parece ser más bien una especie de juicio sobre la memoria, lo mismo es cierto para Ruanda”, comentó.

Comparó esa situación con la eficacia inmediata de los tratados económicos y mencionó el conocido choque entre los derechos humanos y las empresas transnacionales, así como la actitud impune de estas últimas.

“No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, resaltó.

Formalmente, Canadá debería defender los mismos derechos en el extranjero como en su propio territorio, según el principio de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados por el cual los poderes públicos deben supervisar a los actores no estatales.

“Pero simplemente no lo hace”, afirmó Tognoni.

El fallo de 86 páginas informa que 75 por ciento de las empresas mineras de todo el mundo tienen su sede en Canadá, y que las compañías canadienses con inversiones estimadas en más de 50.000 millones de dólares en el sector de la extracción en América Latina representan entre 50 y 70 por ciento del total en la región.

“Y el veredicto… muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, subrayó Tognoni.

La sesión del TPP sobre la minería canadiense llegó a un veredicto de culpabilidad en Montreal, el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, en una investigación en curso hasta el año 2016.

El TPP realizó recomendaciones al gobierno canadiense, a las empresas mineras en cuestión, así como a agencias y organismos internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El lento acceso a la justicia.

“Está claro que es importante organizar el movimiento de oposición para darle un apoyo sólido y también jurídico a los argumentos políticos y sociales, para que quede claro que la batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, dijo Tognoni.

A su juicio, “debido a que las dos cosas están cada vez más vinculadas, ya no hay países que sean independientes de la escena internacional”.

Las sesiones del TPP se “añaden a ese corpus de trabajo con el fin de demostrar que hay una necesidad urgente de instrumentos que permitan el acceso a la justicia”, dijo el organizador de la sesión sobre la minería canadiense en América Latina, Daniel Cayley-Daoust.

El TPP “no es un tipo de iniciativa que pueda aplicarse, ya que no tiene capacidad legal de una manera concreta”, explicó. Sirve de apoyo a las comunidades afectadas y para documentar los abusos cometidos “en el sentido de ampliar ese debate… para incrementar la presión”, añadió.

Una de las prioridades del TPP es añadir “más voz y credibilidad a algo que fue en gran medida ignorado por la gente que… tiene el poder de hacer los cambios”, indicó Cayley-Daoust.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Cayley-Daoust expresó su preocupación porque la ONU tuvo influencia empresarial en las últimas tres o cuatro décadas, especialmente a causa de sus relaciones más estrechas con las empresas.

Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a IPS que las empresas no están inmunizadas.

“No hay una sola cuestión de derechos humanos en cualquier entorno, sea una empresa, una ciudad, un país o una comunidad, que escape a la atención del Consejo”, aseguró.

“Hemos visto tendencias positivas de empresas, grandes y pequeñas, que tomaron estas cuestiones muy en serio”, sostuvo.

También se refirió a las consecuencias políticas. “Cada vez más, los Estados reconocen que tenemos que despolitizar el debate”, dijo a IPS.

Hizo hincapié en que “el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ver solo con los acuerdos adoptados, sino con el seguimiento, la acción, el hecho de que hay un escenario aquí en Ginebra donde se escuchan problemas que a menudo no se escuchan”.

“El grado en que las ONG están activas aquí es excepcional”, manifestó. Mencionó cómo participan en Ginebra las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la entrega de declaraciones, con su presencia en las negociaciones y al informar sobre los debates formales.

En cuanto a si la charla se traduce en acción, “eso depende de la cuestión, así como la voluntad de los Estados y los responsables de las decisiones”, dijo Gómez.

“La justicia tarda mucho tiempo”, concluyó.