Las presentaciones de Costa Rica hicieron ver que la construcción de la Ruta 1856 fue una respuesta pacífica y legítima ante las acciones ilícitas que Nicaragua llevó a cabo a partir de fines de 2010, en violación del régimen fronterizo establecido desde el siglo XIX. Además de la ocupación militar de un sector de Isla Portillos, el Gobierno de Nicaragua también había amenazado con reclamar derechos de navegación en el costarricense río Colorado, y posteriormente extendió sus reclamos a la provincia de Guanacaste. Asimismo, Nicaragua ha venido sistemáticamente restringiendo los derechos costarricenses de navegación en el río San Juan, por lo que la construcción de la Ruta 1856 tenía el propósito de facilitar la comunicación a la largo de este sector de la frontera.

En diciembre de 2011, Nicaragua presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, alegando daño significativo al río San Juan, supuestamente por las grandes cantidades de sedimento que según el gobierno de Managua proviene de la construcción de la ruta. Costa Rica confirmó que no existe tal daño.

Costa Rica expuso cómo Nicaragua ha pretendido generar una percepción de daño exagerado a partir de la repetición de imágenes desactualizadas y la presentación sesgada de evidencia. Asimismo, se evidenció que ante la falta de estudios y prueba científica propia, Nicaragua basó su caso, sin éxito, en los numerosos estudios e informes presentados por Costa Rica, los cuales intentó desacreditar o tergiversar. En este sentido, fue notorio que a pesar de que Nicaragua tiene la soberanía sobre el río San Juan, prácticamente no llevó a cabo mediciones de caudales o sedimentos en el río. Los testimonios de los expertos científicos presentados esta semana, tanto por Costa Rica como por la propia Nicaragua, contribuyeron a debilitar aún más la posición nicaragüense.

La semana entrante se llevará a cabo las segunda ronda de intervenciones orales para este caso y el caso por la ocupación militar de Isla Portillos, conocido como “Ciertas Actividades de Nicaragua en la zona fronteriza”, en el cual Nicaragua reclama como propio el sector norte de Isla Portillos. Nicaragua también alega tener derecho a llevar cabo obras de mejora en el río San Juan, como su proyecto de dragado, aún si con ello se le genera daño a Costa Rica, incluyendo la ocupación de su territorio.

“Costa Rica mantiene su firme tradición de respeto al Derecho Internacional y aceptará la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Estamos seguros de la sólida argumentación jurídica planteada, por lo que no dudamos obtener una resolución favorable a los intereses de Costa Rica, en ambos casos”, afirmó el Canciller Manuel A. González.