Además, la Defensoría considera que, al querer igualar la rentabilidad del servicio al costo de capital de mercado o rentabilidad de mercado como indica ESPH, se está encareciendo innecesariamente el servicio, particularmente porque se trata de una empresa de capital público, o sea que pertenece al Estado y que además por ley debe prestar el servicio al costo.

Es evidente que los aumentos propuestos son significativamente altos, especialmente si se tiene en cuenta de que se trata de un bien indispensable para la vida y la salud de la personas, poniendo en riesgo la realización de un derecho humano.

Además, según el trámite ante la Aresep, esta solicitud de aumento del 36,42% en las tarifas del servicio de acueducto de la ESPH se aplicaría sobre tarifas ya proyectadas.

Para la Defensoría el sistema de tarifas proyectadas tiene un efecto que no favorece al usuario, ya que, por un lado, la ARESEP fija tarifas proyectadas para varios años y por otro, las mismas no se respetan sino que sufren modificaciones, usualmente aumentos, antes del vencimiento de las proyecciones.

Ante este panorama, sería mejor fijar anualmente las tarifas de los servicios públicos para el año respectivo, apegándose a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley N.7593. Normativa que en este caso no ha sido respetada ni por la empresa herediana ni por la ARESEP.

Con fundamento en todo lo expuesto es que la Defensoría de los Habitantes considera que no existe una justificación bien sustentada que compruebe la necesidad de autorizar el aumento solicitado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.