También cabe mencionar los innumerables conflictos entre las naciones por motivos religiosos, que también han dejado una sangrienta estela y que todavía, en pleno siglo XXI, aportan salvajismo y horror,  promovidos por el fanatismo de los yihadistas de ISIS, propio de la época medieval.  Por ello, el establecimiento del Estado laico, que separa la religión —cualquiera sea ésta— de los asuntos civiles y políticos, se considera un paso trascendental para el afianzamiento del auténtico sistema democrático.

    Los Estados modernos adhieren mayoritariamente al laicismo, aunque subsisten algunos regímenes democráticos que todavía contemplan, en su ley fundamental, vínculos jurídicos con determinada confesión religiosa. Sin embargo, esa tendencia es cada vez menor, como en el caso de Nicaragua, que dio un giro radical a su tradicional vinculación con la iglesia —en este caso la Iglesia Católica—, vigente hasta la revolución liberal de 1893, encabezada por el general y después presidente José Santos Zelaya. Este hecho tardío, casi al finalizar el siglo XIX, marcó la entrada del país al modernismo y puso fin, entre otras cosas, al secularismo de los cementerios y a la religión oficial del Estado, vigentes hasta entonces.

    Nicaragua es un Estado laico, al tenor del Arto. 14 de la última reforma constitucional de febrero de 2014, que establece que el país no tiene religión oficial. Hasta ahí nada inusual.  Pero este laicismo contrasta y se contradice con lo dispuesto en el Arto. 4 de la misma carta magna, ya que en él se afirma que


    Por un lado se dice claramente que el país no tiene religión oficial, pero el texto constitucional hace referencia a valores cristianos e ideales socialistas como principios rectores. Es decir, pone en el mismo plato valores propios de la religión cristiana con prácticas socialistas, que son principios de la ideología marxista. Si el Estado carece de religión oficial, no se puede obligar a todos los ciudadanos —entre quienes hay católicos, protestantes, evangélicos, judíos, musulmanes e incluso ateos— a aceptar valores inherentes a determinado credo, como tampoco se puede forzar a toda la ciudadanía a guiarse por ideales socialistas que caracterizan a una ideología política. Los redactores de la constitución política y quienes la aprobaron —los diputados— no se percataron de tamaña incongruencia.

    Otro tanto sucede con la disposición del mencionado Arto. 4, que reconoce a la persona y a la familia como origen y fin de su actividad, en circunstancias que el mismo Estado aprueba inconsultamente un código de la familia que pretende arrebatar a los padres la formación y la tutela de sus hijos, para adjudicarla a los llamados Consejos de Familia, designados por las autoridades de gobierno.

    Por otro lado, es evidente la manipulación de temas religiosos por parte del Ejecutivo —aunque el Estado no tenga religión oficial— en determinadas épocas del año, como la celebración de la Purísima y la conmemoración de la Navidad, festividades propias de los católicos o cristianos, en las que el gobierno introduce sutilmente mensajes subliminales.

    Estos dos ejemplos —hay muchos más— confirman  que existe un antagonismo incongruente entre teoría y práctica en materia constitucional.

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*  El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en chile. Escritor y Analista Internacional