¿Cuál se supone que sería el salario aceptable para un ingeniero agrónomo en el MAG o una ingeniera civil en el MOPT? ¿Cuánto debería pagársele a una abogada en el Ministerio Público, cuánto a un informático en el ICE y cuánto a una médica especialista en la Caja? ¿Y a los maestros y maestras en el MEP y los científicos y catedráticas en una universidad pública?

A juzgar por lo que andan diciendo, 500 mil al mes deberían considerarse sobrada recompensa…y que se den con una piedra en el pecho.

Tal es el problema con este ensañamiento promovido por La Nación, Otto Guevara, Ottón Solís y toda la plétora de sus seguidores. Generalizan a partir de casos convenientemente seleccionados, y en seguida realizan un ajusticiamiento sumario. Hoy, todos y todas quienes trabajamos en el sector público, ya no somos simplemente sospechosos. Vago viene siendo más bien un piropo. De hecho, somos culpables, más aún ladrones y criminales.

Por esa vía no solo se promueve una polarización peligrosa, sino que claramente pareciera buscarse un grave desmantelamiento del sector público. Al cabo ¿qué clase de instituciones públicas podríamos tener si se criminaliza el que a un funcionario con un alto nivel de calificación se le pague un salario decente?

Nada de lo cual niega que, en efecto, hay abusos, excesos e incoherencias en las estructuras salariales del sector público, todo lo cual merece ser corregido. Pero la cosa no va por ahí.