San José, 4 de agosto de 2015.-  El diputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas denunció ayer por la tarde ante el Plenario Legislativo cómo la Procuraduría General de la República (PGR) concilió con el empresario Oscar Echeverría los derechos sobre unas tierras que, de acuerdo con documentos públicos, no le pertenecen ni como propietario ni arrendatario.

El resultado de este acuerdo ilegal –homologado por un juez- fue el que produjo el desalojo de más de 100 familias campesinas en Palmar Sur, Osa.

De acuerdo con Vargas Rojas, hace más de un año la Procuraduría –por razones inexplicables- firmó un acuerdo conciliatorio con el empresario, quien tuvo un contrato de arrendamiento que se firmó en 1991 y venció el 29 de junio 2011.

Es decir, aunque ese contrato estaba ya vencido, en el 2014 la PGR negoció con Echeverría para detener un proceso judicial planteado contra el Estado y esto generó, a su vez, el desalojo de quienes han poseído, cultivado y cuidados esas tierras durante más de una década.

“Es vergonzoso ver como el propio Estado deja en abandono a los costarricenses al darle unas tierras a un empresario que desde hacía 4 años había perdido todos los derechos. Hoy, niños, mujeres y adultos mayores viven a la orilla de una calle porque los desalojaron. Hasta la plaza de futbol de la comunidad se la dieron a una empresa privada.